Toda la energía del kirchnerismo ha sido puesta en las últimas semanas al servicio de dos acciones que constituyen su denominación de origen: atomizar y polarizar. Si ahora se han hecho más evidentes, es porque las concentró sobre dos sectores que desde hace poco más de un año etiquetó como sus enemigos políticos, los medios de difusión independientes y el campo, aunque algunos ideólogos cercanos al poder prefieren unificarlos con la curiosa denominación de "corporación agromediática".
Todo vale en medio de esta ofensiva contra el reloj, desplegada antes de que el Congreso refleje la nueva composición surgida del resultado electoral del 28 de junio. Desde el tratamiento, en pocas horas, de los 160 artículos de la ley de medios, con 200 modificaciones y aliados de último momento en Diputados, hasta la táctica de hacer coincidir el trámite del Senado con el calendario de viaje de Cristina Kirchner y el interinato de Julio Cobos al frente del Poder Ejecutivo para evitar sorpresas.
En medio de este vértigo legislativo, y detrás de la "guerra" contra el grupo Clarín, quedaron cosas importantes en segundo o tercer plano. Una es que estuvieron ausentes del debate los valores que hacen a la función del periodismo como factor de control ciudadano sobre los excesos del poder político. Esto es especialmente válido en una época en la que el acceso a la información pública está severamente retaceado.
Otra es la posibilidad de que, después de una fugaz transición, los actuales oligopolios cambien de manos sin perder ese carácter. Nadie dejó en claro cómo habrá de asegurarse la libertad y pluralidad de opiniones y contenidos, en un mapa donde la posible atomización de los medios torna incierta su viabilidad económica individual. Este esquema favorece el surgimiento y posterior concentración de medios paragubernamentales (de empresas amigas u organizaciones aliadas) solventados por fondos públicos, lo cual compromete a priori su independencia. Sobre todo cuando el manejo de la creciente pauta de publicidad oficial (que pasó de 46 millones de pesos anuales en 2003 a casi 400 millones en 2008), acaba de ser concentrado en la Jefatura de Gabinete (que debe atender el financiamiento de la AFA con la televisación del fútbol "gratis", a un costo de 600 millones anuales) y quedó prácticamente al margen de una ley que casi no deja flanco sin regular en materia de licencias de radio y TV. Hasta sería más transparente un subsidio directo a los nuevos medios comunitarios que surjan. Para ilustrar este punto puede resultar útil una propuesta formulada por el economista y periodista Enrique Szewach: que la publicidad oficial sea una carga pública gratuita para todos los medios, sobre la base de una pauta reglamentada de segundos por día en radio y televisión. Aunque esta idea tiene escasas chances de ser llevada a la práctica, al menos sirve para imaginar el actual proyecto de ley en un contexto diferente.
En cambio, resulta más difícil imaginar hasta qué punto será posible frenar por ley la inevitable competencia entre las redes de banda ancha para distribuir contenidos televisivos, más allá de que los artículos eliminados por el Gobierno favorecían explícitamente a Telecom y se habían convertido en un escollo insalvable para la aprobación en Diputados. Paradójicamente, el argumento utilizado por la presidenta Cristina Kirchner al anunciar la supresión de esta polémica cláusula, avala la idea de que es imposible prever los alcances del avance tecnológico. Hoy ya es posible captar televisión abierta desde teléfonos móviles de última generación.
A campo traviesa
Así como no existe una estrategia de largo plazo para telecomunicaciones, otro tanto ocurre con el sector agroindustrial, donde todo es cortoplacismo. De poco vale la idea de elevar el área de Agricultura y Ganadería al rango de Ministerio, si no cambian las políticas. Aquí también la voz de mando es atomización y polarización.
El resultado es una concentración productiva inversa a la que busca el kirchnerismo: el presupuesto 2010 revela que una de las grandes apuestas oficiales es al éxito de la cosecha de soja. Según distintas estimaciones privadas, podría crecer el 60% respecto de la magra campaña anterior (de 32 a 51 millones de toneladas), aunque a expensas del pobre rendimiento de otros cultivos (maíz y trigo, especialmente). De ahí que el proyecto prevea un aumento del 35% en los ingresos por retenciones.
Aun así, el hecho de que el gobierno kirchnerista haya colocado a los productores en el irritante rol de enemigo político y forzado socio de sus ingresos, significa reducir al máximo el horizonte estratégico para estimular inversiones que agreguen tecnología y valor a la producción de alimentos.
Un seminario organizado días atrás por la consultora Agro-Tecei, que dirigen los economistas Juan y Sebastián Olivero, echó luz sobre perspectivas futuras para la Argentina, de las que poco se habla en medio de la "guerra" con el campo. Por ejemplo, allí se dijo que, con un crecimiento vegetativo conservador, China tendrá en 2025 un consumo de 135 millones de toneladas anuales de alimentos, de los cuales un 35% corresponderá a soja y un 22%, a carne de cerdo. En este último rubro, la Argentina exportó en 2005 (último dato oficial disponible) un total de apenas 3 millones de dólares a todo destino, mientras que Dinamarca efectuó únicamente en Japón ventas por 1600 millones. También se señaló que existen 32 países en emergencia alimentaria y que, según un reciente estudio de la Cepal, sólo la Argentina y Brasil estarían en condiciones de resolver el problema del hambre en el mundo si duplicaran sin desatender su consumo su actual producción de alimentos, para lo cual se recomendó prestar más atención a la FAO que al FMI.
Por ahora, uno y otro país siguen caminos divergentes, como se comprueba en la evolución de su stock ganadero. Una prueba de ello es que en la Argentina bajó de 57,5 millones de cabezas en 1975 a alrededor de 50 millones en la actualidad. En el mismo lapso en Brasil creció de 57 a 200 millones.
Es difícil encontrar estos datos estratégicos en documentos oficiales. El saliente secretario Juan Carlos Cheppi nunca formalizó su plan para elevar la producción a 120 millones de toneladas de granos para 2015, que elaboró en su anterior gestión al frente del INTA. Tampoco es fácil saber qué capacidad de negociación comercial tienen las embajadas argentinas en China e India, los países de mayor consumo de alimentos. Mucho menos se comentan estas cosas en los medios de difusión cercanos al oficialismo, siempre dispuesto a transformarlas en ideologizadas teorías conspirativas.
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