miércoles, febrero 23, 2011

Más presión sobre la legislación de ejecución de deuda hipotecaria

Publicado entre ayer y hoy en El Economista:
El ministro de Política Territorial y vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves, ha salido a contrarestar las crecientes presiones en favor de un cambio en la legislación de ejecución de deuda hipotecaria, algo que parece recordar la servidumbre medieval. Las palabras de Chavez en la nota de El Economista:
[El Vicepresidente Chavez] ha asegurado este miércoles que el Ejecutivo "no está por la labor" de cambiar la legislación para que la entrega de la vivienda salde la deuda hipotecaria, como ha propuesto el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Pedro Castro.
Así lo ha precisado Chaves en una visita a las obras del Plan E en Aranjuez (Madrid), al tiempo que ha recordado que "hay unas reglas".
"Habría que reformar toda la ley bancaria y todo el sistema financiero", ha referido Chaves, quien ha incidido en que el Consejo de Ministros aprobó "la semana pasada" el decreto ley de reforzamiento del sistema financiero, cuyo objetivo es precisamente "una reestructuración" del mismo de cara a "hacerlo más solvente, fuerte y competitivo".
El presidente de la FEMP, Pedro Castro, reclamó ayer al Gobierno una normativa que impida que las personas tengan que seguir pagando sus deudas hipotecarias aunque se hayan visto obligadas a entregar sus viviendas a los bancos.
Ayer mismo, los grupos parlamentarios del PSOE y PP rechazaron en el Pleno del Congreso de los Diputados la tramitación de una iniciativa de ERC por la que reclamaba que en el marco de la reestructuración del sistema financiero impulsada por el Gobierno se cambie la ley para obligar a las entidades a aceptar que con la entrega de la vivienda baste para cancelar la hipoteca.
Esta posibilidad ya ha sido debatida en otras ocasiones en la Cámara Baja sin que prosperara, si bien la idea ha recobrado la actualidad tras varias sentencias judiciales que la admitían como opción válida en ejecuciones hipotecarias.
Es curioso observar que PSOE, firme opositor a la mejora de las condiciones de los deudores, reciba el apoyo del Partido Popular, luego de que algunos de sus principales dirigentes se manifestaran en favor de cambiar la legislación. En este caso, de poco valen las etiquetas: socialistas y "populares" terminan compartiendo el argumento de "defender la fortaleza del sistema bancario".
Sin embargo, la sucesión de sentencias judiciales en favor de la extinción de la deuda con la devolución de la propiedad, está cerca de abrir otra puerta al tratamiento del problema: en poco tiempo más, técnicamente será posible considerar a estas sentencias como jurisprudencia, y recurrir a la vía judicial para evitar la continuidad de una deuda interminable.
La línea de argumentación socialista, acudiendo a la necesidad de defender la fortaleza del sistema bancario, es cuestionable en lo inmediato, porque el único aspecto real en que el sistema bancario "se fortalece" con esta política, es que esconde el quebranto económico que implica la caída de cada deudor tras la fórmula contable de considerar que esa deuda está en gestión, en lugar de reflejarla como una pérdida neta. Pero la pérdida existe, con el agravante del impacto social que implica perseguir "a muerte" al deudor (y a sus eventuales avales).
Y esta línea de argumentación es además perniciosa hacia el futuro, porque si los bancos no se responsabilizan de pesar la viabilidad de un crédito hipotecario, seguirán tirando de futuras burbujas inmobiliarias: está muy claro que esta confianza en estos recursos disponibles ha sido un alimentador de la tasación bancaria de las viviendas al alza, en una espiral que ya hemos visto dónde terminó.

¿A qué responde Chavez?: sin hablar de casos anteriores, dos importantes hechos se produjeron ayer:
Un juez elevó al Tribunal Constitucional la actual normativa, y una reunión de autoridades locales decidió tomar una posición política en favor de la extinción de la deuda.
¿Le resolverá la vida este reclamo a los deudores?: no, porque ya han perdido aquello para lo cual jugaron todos sus ahorros; pero por lo menos no los convertiría en esclavos por el resto de sus vidas, o por lo menos hasta pagar hasta el último duro a los bancos, incluídos los gastos de abogados.

domingo, febrero 20, 2011

Miedo en el aire

La ola iniciada en Tunez se propaga, excediendo la primera línea de países árabes "occidentalizados", para alcanzar fronteras inesperadas: Libia, Irán, China. Una ola que comienza a ser inconveniente y molesta para todos, desde las democracias occidentales hasta la intransigencia talibán...
Una nota de Jeremy Page, en The Wall Street Journal, así lo muestra para China...
Chinese authorities detained dozens of political activists after an anonymous online call for people to start a "Jasmine Revolution" in China by protesting in 13 cities—just a day after President Hu Jintao called for tighter Internet controls to help prevent social unrest.
Only a handful of people appeared to have responded to the call to protest in Beijing, Shanghai and 11 other cities at 2 p.m. Sunday, a call first posted on the U.S.-based Chinese-language news website Boxun.com and circulated mainly on Twitter, which is blocked in China.
But Chinese authorities seemed to take it seriously, deploying extra police to the planned protest sites, deleting almost all online discussion of the appeal, blocking searches for the word "Jasmine" on micro-blogging and other sites and temporarily disabling mass text-messaging services.
Ahead of the planned protests, more than 100 activists across China were taken away by police, confined to their homes or went missing, according to the Hong Kong-based group Information Center for Human Rights and Democracy.

Fotografía de Carlos Barria/Reuters, en The Wall Street Journal

martes, febrero 01, 2011

Más sobre la sentencia navarra

La sentencia del juez navarro, dando por extinguida una deuda hipotecaria con la devolución de la vivienda, sigue generando respuestas para recordar. Hoy, la ministra Salgado:
El Gobierno, según ha afirmado hoy la vicepresidenta económica, Elena Salgado, ni se plantea modificar las condiciones de las hipotecas. Y tampoco prevé hacerlo en un futuro. "Nuestras hipotecas están fundadas en unas condiciones. Los cambios bruscos de un día para otro serían perjudiciales para nuestro sector financiero y para futuras hipotecas y eso es algo que debemos tener en cuenta" (En El País)
La razón de esta posición, ya comentada antes, es explicada por El País:
En España, el ordenamiento jurídico impide limitar la responsabilidad hipotecaria a la garantía del crédito -es decir, al inmueble en cuestión- a no ser que sea a través de un acuerdo previo a la firma del préstamo entre las dos partes. Según el sector, el valor de la vivienda no cubre el importe total del crédito, sobre todo ahora que con la crisis inmobiliaria ha bajado el precio de los pisos. Por este motivo, facilitar el canje de las hipotecas mediante la devolución de la casa crearía un agujero en las cuentas de las entidades, ya que habrían prestado más dinero del que finalmente han recuperado, de ahí los riesgos para el sistema financiero a los que aludía Salgado.
En este sentido, ayer, la agencia de calificación Moody's criticó que aprobar estos cambios alejaría a los inversores en bonos hipotecarios de las entidades españoles ante la posibilidad de un incremento de los impagos y la pérdida de valor de los activos vinculados a la vivienda por la caída del precio de los inmuebles.
Antonio Casado, en El Confidencial, con otro punto de vista, destaca el criterio judicial, en perspectiva futura:
[El juez] dice en una resolución pionera que el Estado de Derecho no puede ser insensible ante el fenómeno de la exclusión social y que se está produciendo una corriente judicial, no concertada, en ese sentido. Hablo del titular del Juzgado de lo Mercantil número 3 de Barcelona, José María Fernández Seijo, que ha eximido de sus deudas a un matrimonio de ancianos porque son “deudores de buena fe” y habrían tenido que dedicar el importe íntegro de sus respectivas pensiones (1.462 euros la de él, 908 la de ella). Eso “les hubiera condenado a la inanidad el resto de sus vidas”, dice el auto, o “a la buena voluntad del Estado o de terceros”.
 En pocos días, dos resoluciones de vuelo social que sientan precedente (no jurisprudencia, ojo, para eso debe pronunciarse el Tribunal Supremo si llega al alto tribunal). La otra es la de la Audiencia Provincial de Navarra. Hace unos días sentenció que la entrega de un piso al banco, sobre el que éste había concedido una hipoteca, saldaba la deuda contraída con el banco y éste no podía reclamar el patrimonio u otros bienes del usuario. En los dos casos, la Justicia se pone parte de ciudadanos morosos.

En el caso navarro se hizo una lectura de la Ley Hipotecaria cargada de sentido común. Si el usuario recibió en su día una hipoteca por el 80 o el 90% del valor del inmueble que no puede seguir pagando y lo devuelve al banco -esa era la garantía-, es palmario que está devolviendo el préstamo con creces (de paso, pierde todo lo que había pagado hasta ese momento). Y si luego el banco vende el inmueble a un precio más bajo que la tasación original (la que convirtió el inmueble en garantía), la culpa será de la crisis económica, el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, la habilidad de los subasteros, la ligereza con la que hace unos años prestaban dinero los bancos o lo que ustedes quieran. Pero nunca del usuario. Así lo ha reconocido la Audiencia de Navarra al decidir que el usuario no tenía por qué reponer la diferencia entre el montante del préstamo y lo que finalmente percibió el banco por la venta de esa vivienda.

En el caso de Barcelona todavía es mucho más claro el vuelo social de la toga. En un procedimiento concursal que ya duraba tres años, el magistrado decide dar por canceladas deudas por valor de 58.000 euros para no condenar a la miseria a un par de pensionistas y en base a la “buena fe de los deudores”. El asunto tiene una enorme carga polémica y abre un debate de mayor cuantía. De momento, los servicios jurídicos de los bancos preparan los consabidos recursos y se ponen en guardia por si el ejemplo cunde.