Los críticos del proyecto de ley de medios audiovisuales quedaron ayer en minoría tras ser aventajados por numerosos voceros de agrupaciones estudiantiles, ONG y pequeñas FM que ocuparon la mayoría de los lugares de la lista de oradores del foro local sobre la iniciativa del Gobierno y la defendieron con vehemencia.Imaginemos un escenario donde la ley es aprobada. Con el control de las licencias en la mano, y con la apertura de espacios a ONGs, organizaciones sociales, culturales, vecinales, que en ambos casos serían calificadas por éste gobierno ¿qué se supone que pasaría? Se crearían organizaciones no gubernamentales como quien fabrica chorizos (y debieramos decir en su doble sentido), al gusto y sabor ideológico del otorgante; y estos nuevos concesionarios tendrían el espíritu respetuoso de la diversidad y de la opinión del otro que demuestran durante éste acto. ¿Podríamos decir que los sindicatos argentinos destacan por su espíritu democrático, apertura cultural, y honradez de objetivos y procedimientos? Pues eso es lo que tendremos.Si bien no se cometió infracción alguna al inscribirse con rápidos reflejos para asegurarse más del 70% del espacio disponible de las ponencias, sí se impidió la libre expresión de los opositores al proyecto mediante ruidosas interrupciones con silbatinas y abucheos.
Por momentos la audiencia quedó fuera del control de los diputados provinciales encargados de moderar, y las acusaciones cruzadas entre el público y los disertantes por momentos tornaron el encuentro una asamblea caótica.
Incluso hubo ribetes rayanos en el escándalo cuando agrupaciones kirchneristas intentaron ingresar en el recinto con pancartas y letreros, algo que no permitieron las autoridades, para lo que fue necesaria la intervención de la policía.
La diputada nacional Paula Bertol (Pro) se quejó porque sintió "exposiciones con mucha agresividad" hacia los legisladores nacionales participantes. Su colega del peronismo disidente Enrique Thomas aseguró que "hubo una postura organizada de cerca de 70 estudiantes que se anotaron temprano y en forma conjunta e inhibieron la participación de otras personas".
Otra que tuvo dificultades para expresarse fue la presidenta de la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados, Silvana Giudici. Dijo que a algunos les había molestado su conocida prédica sobre la intención del Poder Ejecutivo de "favorecer a los grandes monopolios amigos del Gobierno".
Un hostigamiento similar recibieron directivos del grupo Uno Medios, que dirige el empresario mendocino Daniel Vila, asociado con el ex ministro del Interior José Luis Manzano, dirigentes del Partido Demócrata y el interventor del comité provincia de la UCR, Carlos Le Donne, que protagonizó duros enfrentamientos verbales con sus críticos.
En representación de ADEPA, el director del diario Los Andes, de Mendoza, Arturo Guardiola, pidió reformular el proyecto de medios al advertir que "es preferible mil millones de mentiras en libertad que quedar prisioneros de una única voz: la del poder político en el Estado". Al término de su discurso también fue objeto de abucheos.
Debate interminableTodo se desarrolló en una agotadora reunión con 121 oradores inscriptos que dispusieron de 10 minutos cada uno, situación que hizo extender por más de 12 horas el debate, que anoche continuaba al cierre de esta edición. Las diversas posturas también se presentaron por escrito y serán remitidas a las comisiones de las Cámaras de Diputados y Senadores con el fin de hacer aportes al debate.
Entre los defensores del proyecto del Gobierno estuvo la estudiante Julieta Yazly, miembro del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas, quien aseguró que "los monopolios de la información no quieren que el proyecto se debata ahora, pero tampoco dewspués del 10 de diciembre". Denunció que quienes piden postergar el tratamiento hasta que asuman los nuevos legisladores nacionales "tienen un ánimo destituyente porque quieren anular la actual composición del Congreso".
Para la estudiante Laura Salomón, "con el proyecto se avanza hacia la democratización de las comunicaciones", mientras que el periodista Julio Rudman, de la radio estatal LV8, advirtió: "Se entiende la bronca" de los propietarios de multimedios, "porque se les terminó el curro".
Antes de que se conociera la modificación del proyecto oficial por la que se excluye a las empresas de telefonía en las licencias de los medios (ver página 6), los directivos de asociaciones de medios habían cuestionado este punto.
Uno de ellos fue Alberto Veiga, de la Asociación de Radiodifusoras Privadas Argentinas, quien sostuvo que los monopolios configuran "un peligro para la democracia". Otro, Walter Burzaco, dirigente de la Asociación Argentina de Televisión por Cable, defendió la continuidad de operaciones de las 700 empresas de televisión por cable, en su mayoría pymes.
Este movimiento es un paso más en el delirio político social argentino, uno que no cesa de crecer desde hace décadas, sin terminación a la vista.
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