miércoles, julio 27, 2011

Calidad de control

Si algo ha sido puesto en controversia durante la crisis que todavía vivimos, es la calidad de control de los agentes que debieran haber defendido los intereses del ciudadano, del socio, del accionista, y en general, quienes debieran haber defendido prácticas y normas financieras saludables. El Confidencial trae a primer plano el caso de la auditoría de la CAM alicantina, un caso que no es aislado...
La situación de insolvencia de la CAM que forzó su intervención por el Banco de España el viernes pasado no fue detectada por el auditor de la caja, KPMG, que firmó sus cuentas sin salvedades, al igual que ha hecho siempre desde 1991. Esta firma cobró 1,34 millones de euros de la entidad alicantina, según su informe de gobierno corporativo de 2010.
La actuación de KPMG contrasta con la de los auditores de CCM y CajaSur, que tuvieron un papel relevante en las intervenciones de ambas entidades. Así, a principios de 2009, Ernst & Young se negó a firmar las cuentas de la entidad que presidía Juan Pedro Hernández Moltó correspondientes a 2008, a pesar de sufrir enormes presiones para que lo hiciera. Esta negativa fue el detonante de la primera intervención de una entidad en la crisis actual.
En el caso de CajaSur, Deloitte introdujo una salvedad sobre las cuentas de 2009 en la que consideraba necesarias "medidas estructurales" y "de búsqueda y captación de instrumentos que garanticen la liquidez y la solvencia, entre otros aspectos". Bien es verdad que no añadió ese párrafo hasta el último minuto, a raíz de que Fitch rebajara el rating de la entidad cordobesa a niveles de bono basura.
Sin embargo, KPMG firmó sin ninguna salvedad las cuentas individuales de CAM en el ejercicio 2010, que tuvo que reformular tras la ruptura del Banco Base. Únicamente incluyó lo que se conoce como párrafo de énfasis, en el que señalaba que las cifras del balance no eran comparables con las de 2009 por la nueva valoración de los activos y pasivos realizada con vistas a la fusión.
Las provisiones parecían suficientes
Un portavoz de KPMG declaró a El Confidencial que "la actividad de nuestra firma está basada en el estricto cumplimiento de la legislación vigente, así como de las normas y estándares profesionales que son aún más exigentes en materia de objetividad, independencia y confidencialidad. Por ese motivo, no podemos realizar comentario alguno de los trabajos realizados para nuestros clientes”. Y añadió que "KPMG se reafirma en el trabajo de auditoría realizado y expresa su convencimiento de que una revisión objetiva de los hechos y circunstancias confirmará nuestra posición".
Fuentes cercanas a la entidad aseguran que las circunstancias han cambiado a peor desde la auditoría, con la ruptura del SIP, el Real Decreto y los test de estrés. Y explican que las fuertes provisiones realizadas contra recursos propios justificaban esta auditoría limpia, ya que se consideraban suficientes para garantizar la viabilidad de la caja. Sin embargo, la ruptura de Banco Base en marzo porque Cajastur consideraba que la situación de CAM era mucho peor de la declarada ya encendió las alarmas, que se acrecentaron con la negativa de todas las entidades interesadas a comprarla sin garantías contra pérdidas.
La intervención del viernes certifica lo erróneo del diagnóstico, aunque el Banco de España ya era consciente de la situación desde diciembre, cuando inspeccionó la caja.
Veinte años auditando a la CAM
Esta firma lleva auditando las cuentas de CAM veinte años, algo que es habitual en muchas cajas, que son cotos cerrados de sus respectivas auditoras. Y también es muy frecuente que la caja le encargue trabajos de consultoría a dicha auditora, a pesar del evidente conflicto de interés.
En el caso de la entidad alicantina, KPMG facturó 507.000 euros por trabajos distintos de la auditoría, según el informe de gobierno corporativo de 2010. Esta cifra supone el 37,8% del total pagado por CAM a esta firma el año pasado, lo que eleva el total a 1,34 millones de euros.

Termina una época...

Numerosos signos de que España cambiará irremediablemente...El cambio de gobiernos autonómicos es un signo de esta cruda realidad. No será tan fácil en el futuro próximo la manipulación de las administraciones locales o nacionales, y la austeridad obligada por la quiebra de las cuentas, se hará sentir en autonomías y gobierno central...quizá sea el momento oportuno para reformular el alcance de los fueros autonómicos. Y probablemente los agentes políticos ya no operarán sobre una masa indiferente...
José Antonio Zarzalejos se ocupa de las Comunidades a propósito de sus gastos. Un componente esencial que debe cambiar:

Una de las taras del Estado autonómico es que se ha gastado por las comunidades sin control alguno. El hecho de que José Antonio Monago, presidente de Extremadura, haya podido reducir de 1.600 a 200 los vehículos oficiales y de 500 a la mitad los asesores, es toda una denuncia y un ejemplo que sirve de referente: nos encontramos en todas las autonomías con gastos desmesurados, abusivos, insolidarios, mientras los suministradores padecen una mora letal en el cobro de sus facturas. Por eso, están comenzando a desaparecer, además de consejerías (27, según ABC del pasado lunes), decenas de empresas públicas, delegaciones provinciales de los gobiernos autónomos y cantidades sustanciales de gasto corriente. ¿Cómo puede soportar la opinión pública -a modo de ejemplo- que el ex presidente Barreda tuviera en los garajes de la Junta de Castilla-La Mancha un coche blindado de más de 300.000 euros?
Este tipo de gastos, tan prescindibles, se conectan con el nepotismo y el clientelismo: en las comunidades autónomas se han creado clases funcionariales que han duplicado el personal transferido del Estado, incrementando las nóminas públicas con personal de confianza y asesores de distinta condición que han hipertrofiado los presupuestos públicos autonómicos. La labor de poda por hacer es enorme pero relativamente sencilla. Debe partir de la consideración de que cada euro del contribuyente merece un respeto casi reverencial y, por lo tanto, debe administrarse con una diligencia extraordinaria. Ni un gasto innecesario ni un cargo sin función. Austeridad, en definitiva, para empezar a hablar en el gasto corriente; adelgazamiento de la estructura, después, y en ningún caso ese fenómeno despilfarrador  que ha consistido en extender la administración autonómica en las diversas provincias de las comunidades mediante delegaciones que sirven de pedrea para amigos y conmilitones.
El fracaso de las autonomías en términos financieros tiene también que ver con dos hechos esenciales: la ineficacia de la oposición política en los debates presupuestarios y la subordinación al poder establecido de los órganos de fiscalización internos de las comunidades, llámense tribunales de cuentas o sindicaturas. Es, en consecuencia, el conjunto del mecanismo autonómico el que no ha funcionado en términos de racionalidad económica. Y no lo ha hecho ni en las autonomías regidas por los nacionalistas: véase el caso de Cataluña con el tripartito, cuya herencia está siendo inmanejable para CiU, el caso Pretoria o el Millet, o la trama corrupta en Álava protagonizado por el ex diputado foral y número dos del PNV, Alfredo  De Miguel, trama que podría alcanzar a uno de los hijos de Xabier Arzalluz.
 No hay que excluir de este pandemonio de gastos descontrolados y despilfarros, a determinadas autonomías regidas por Gobiernos del PP. El caso más evidente es el de Valencia, pero la gestión de Jaume Matas en Baleares pasará a la historia de la corrupción. ¿He dicho corrupción? Sí, porque aunque algunos o la mayoría de estos políticos no se hayan metido en el bolsillo dinero público, han consentido que se dilapide. Ahora comienza una nueva etapa de exigencia y de rigor en la que no valdrán excusas: gastar recursos públicos o invertirlos ha de constituir un acto, no sólo amparado por la ley, sino también de naturaleza democrática.
Este desorden cuasi delictivo de las cuentas públicas autonómicas está impulsando un fenómeno de recentralización: algunas comunidades no quieren nuevas transferencias del Estado. Es el caso de Murcia y Castilla-La Mancha con las de justicia; Madrid se plantea devolverlas y Aragón ya ha dicho que es mejor esperar a aumentar el patrimonio competencial de la comunidad.
 El efecto más corrosivo de este espectáculo lamentable: los mercados temen que cuando emerjan del todo las cuentas públicas de las comunidades españolas -que prácticamente ya asumen el 50% del gasto público- nuestro déficit sea distinto al declarado. Los mercados creen que en España se podría estar produciendo -sin el asesoramiento de banco alguno, como ocurrió en Grecia- un ocultamiento, entre negligente y doloso, del déficit real del conjunto de las Administraciones Públicas.

domingo, julio 03, 2011

Lo que va de hoy a mañana

Jesús Fernández-Villaverde, en Nada es Gratis:
Ayer hablaba con una economista amiga mía argentina sobre la paradoja del fuerte crecimiento argentino en medio de las políticas bastante negativas de su actual gobierno.
La conclusión a la que llegábamos era que, en la vida real, hay un problema de “filtrado” muy fuerte: hay que separar los efectos de las políticas en el medio y largo plazo de la situación coyuntural de la economía y esto, en el corto plazo y con “ruido” causado por las mil cosas que pasan en el mundo a la misma vez, es increíblemente difícil. En particular, mi visión (relativamente poco informada) es que unos vecinos creciendo rápido y con un precio de la soja (y otras exportaciones) por las nubes es muy complejo no crecer con fuerza, por mucho que uno lo intente. Por eso las políticas argentinas actuales, que sinceramente creo serán muy dañinas en el largo plazo si no se revierten, pasan casi desapercibidas. Explicar que se debería crecer al 8% en vez del 7% (o al 7% pero con menos desequilibrios) es labor casi imposible. Eduardo Engel, en Foro Económico, el blog de nuestros amigos argentinos, presenta básicamente el mismo argumento.
Esto me recuerda, salvando las distancias, a lo que nos pasaba en España en el 2005-2006. En aquel entonces intenté explicar en varios foros, sin ningún éxito, que un superávit público del 1-2% con el crecimiento que teníamos en el medio de la burbuja era un suicidio en el medio plazo y que deberíamos estar en el 3-4% de superávit. Mientras tanto muchos políticos y periodistas abogaban por reducir el superávit (por cierto, muchos de los mismos que ahora se quejan que los economistas no avisamos de lo que nos venía encima). Sea como fuera, al final no estuvimos preparados para las vacas flacas. Filtrar es difícil.

Lo que se dice y lo que se hace

Ramón Gorriarán, en Las Provincias, esta mañana:
Alfredo Pérez Rubalcaba ha llegado a la conclusión de que la recuperación electoral para el PSOE está en la izquierda. A partir de esta premisa, el candidato exhibió su perfil más progresista con una andanda contra la banca por su política de dar créditos hipotecarios a sabiendas de que su cobro iba a ser difícil o imposible. Ahora, añadió en una reunión con secretarios provinciales de su partido, las entidades financieras tienen que asumir que no pueden cobrar «a costa de la gente» y deberán renunciar a algo.
Cuando el vicepresidente primero se quita la corbata para vestirse de candidato muestra cuáles van a ser las líneas maestras de su campaña: ortodoxia socialista, discurso socialdemócrata y sin concesiones neoliberales. La víspera, tras el Consejo de Ministros, desgranó en tono profesoral las medidas para los hipotecados con dificultades para hacer frente a sus obligaciones con los bancos, una iniciativa que no gustó en el mundo financiero. Ayer, en un acto de su partido y con lenguaje llano, se puso del lado de los afectados. «No se puede -sostuvo- dejar a las familias sin un mínimo para vivir» por pagar su casa. Los bancos, prosiguió, no pueden pretender recuperar su dinero en crisis «a coste cero».
Rubalcaba se preguntó «quién tiene más responsabilidad», el que «pide» la hipoteca o el que la «concede». Recordó que en las épocas florecientes de la economía los «directores de las sucursales (bancarias) cobraron porcentajes por esas hipotecas» cuando sabían que sus clientes estaban «al límite» para pagar o era «imposible» que pudieran hacerlo. «¿Ahí -interrogó- no hay ninguna responsabilidad, no tienen nada que decir (los bancos)?»
Unos comentarios que no se oyeron en el Gobierno en los dos últimos años, cuando inyectó a través del Fondo de Reestructuración Bancaria miles de millones de euros, hay un tope de 90.000, a las cajas de ahorro en dificultades; y cuando desde el jefe del Ejecutivo al último ministro se ufanaban de la fortaleza del sistema financiero español. Un giro de 180 grados que responde al intento de recuperar a ese electorado del PSOE desengañado por unas medidas que se identifican con el neoliberalsmo de la derecha y que motivaron un amplio absentismo en la últimas elecciones.
Lo que la mano izquierda hace no lo conozca la mano derecha...Muy conveniente en este caso: participar sin objeción en primera línea por años de la política que hoy es ruinosa para cientos de miles de hipotecados, y, luego de dejar hacer, dejar pasar por años, ahora ofrecer aspirinas a los guillotinados.
Los tiempos cambian, y lo que hace seis meses era impensable, ahora es ofrecido como bandera electoral...