Es decir, al menos no debiera argumentarse que las AFJP arriesguen los fondos de pensiones, cuando no admiten garantizarlos y proyectan cómo gastarlos. La propia experiencia de ANSES bajo esta administración es la de aceptar pésimos negocios para sus administrados, aceptando letras del estado a la menor tasa de mercado, y devolución a plazos que recortan el capital prestado.El director ejecutivo de la Anses, Amado Boudou, dijo ayer a LA NACION que el gobierno de Cristina Kirchner no aceptará la inclusión de una cláusula que obligue a usar sólo con fines previsionales los fondos que sean transferidos del sistema de capitalización al estatal de reparto por la ley que disponga la eliminación de las AFJP. "A mí la intangibilidad es una palabra que no me gusta nada", admitió Boudou.
"Es más fuerte darle autonomía económica y financiera a la Anses, como fija la ley de la Presidenta", dijo.
En la entrevista con LA NACION, Boudou también reconoció que la Anses hará inversiones en bonos para financiar al Estado "para obra pública, infraestructura estratégica, proyectos productivos y para el consumo". Enseguida relativizó el anuncio al afirmar que no se modificará sustancialmente lo que ocurre en la actualidad con los fondos que manejan las AFJP y el Estado. También agregó que tomarán acciones y títulos de empresas privadas que tengan rendimientos razonables.
¿Por dónde empezar? Que sea por los argumentos en favor de la "nacionalización".
Uno de los argumentos fundamentales es tachar al sistema privado de ineficiente, de perder dinero, y de "que los recursos de nuestros jubilados no sean fuentes de especulación".
Estos argumentos omiten la responsabilidad de los sucesivos gobiernos, que establecieron y determinaron el porcentaje de instrumentos públicos que las administradoras debían manejar, así como la imposición de la compra de títulos que de antemano se sabía que eran una pésima inversión. Las AFJP llegaron a la crisis de 2001/2002 manteniendo en su poder un volúmen de títulos del estado que provocaron su más radical caída de patrimonio. Si en el pasado el sistema de jubilaciones del estado fue usado para completar su caja de gastos, una vez privatizados, se aseguraron los instrumentos para no perder esta fuente de financiamiento, arrastrando los fondos en la caída brutal de 2001. Ninguna acusación de ineficiencia puede lavar la responsabilidad ineludible de los sucesivos gobiernos en sus resultados: las AFJP fueron atadas al destino del estado.
El argumento que cuestiona los fondos como fuente de especulación no refleja las reales posibilidades de efectuar operaciones de los fondos, más conservadoras de lo que le resulta permisible a cualquier operador de bolsa. Por otra parte, nada asegura que esa capacidad especulativa no será transferida al Estado. Un antecedente de 2007 da una idea clara de lo que se puede esperar: la creación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad manejado por ANSES muestra discrecionalidad en el manejo de fondos, y control de gestión mínimo. En La Nación, al respecto:
Otro argumento aduce operaciones ilegales y comisiones excesivas. Se supone que la existencia de una Superintendencia debía controlar la gestión, y asegurar el adecuado uso y preservación de los fondos. Si los sucesivos gobiernos no pudieron asegurar la existencia de los excesos sólo ahora denunciados, ¿qué nos garantiza que esos mismos excesos no van a ser cometidos en el futuro?La Anses puede destinar hoy el 65 por ciento del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (donde se recaudan los excedentes de recaudación previsional) a "operaciones de crédito público de las que resulte deudora la Nación, ya sean títulos públicos, letras del Tesoro o préstamos". Sin embargo, lo más llamativo es que ese porcentaje "será del 100% siempre y cuando la Anses presente superávit previsional proyectado para los tres ejercicios siguientes".
Así figura en el primer artículo de la reglamentación del decreto 897, que dictó el Gobierno el año pasado cuando se creó el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. En ese reglamento se especifica en qué se puede invertir los fondos que allí se recauden, por lo que si no es modificado, el Estado podrá destinar hasta el 100% de los recursos en operaciones de crédito público.
En cambio, hoy las AFJP tienen un límite más acotado: pueden destinar el 50% de sus carteras a este tipo de operaciones. Para el control, el decreto 897 dispone crear un consejo asesor integrada por la Anses, empresarios y trabajadores. Sin embargo, aún no fue creado. Sólo ahora el Gobierno la ofrece como garantía de control.
Si los sucesivos gobiernos desconocieron la legislación en cuanto a destino y custodia de los fondos, retribución al jubilado conforme a ley, control y fiscalización del circuito de recaudación y entrega de capital; si esto fue así siempre, ¿quién puede confiar en que el estado expropie literalmente las pensiones sin hechar mano a ellas, en el marco de complicaciones financieras futuras?
Queda un aspecto más, la confiabilidad y juricidad de las instituciones argentinas: Un sistema lanzado hace alrededor de una década, ha sido destruído en la siguiente. En palabras de Joaquín Morales Solá:
Se acumulan las preguntas sobre la administración futura, y cada nuevo aspecto oscuro, remite además a otra característica de esta decisión: la improvisación y falta de consulta. Ha sido sólo a posteriori que se ha comenzado a estudiar el alcance de la medida: primero fue necesario ver us impacto en la bolsa argentina e iberoamericana. ¿Podía haberse hecho de otra manera? ¿Si en efecto se consideraba ineficiente el sistema, podría haberse ajustado con correcciones?Empresarios, inversores y financistas venían pidiéndole al Gobierno mejores formas y reglas del juego creíbles. Nada nuevo. Nada del otro mundo. Hicieron las cosas al revés: las pocas reglas del juego fueron consumidas por un fuego autoritario. Y las formas sólo agravaron un sistema bonapartista de poder. Néstor Kirchner nunca consultó su decisión de estatizar los fondos de pensión con los ministros de Economía, Carlos Fernández, y de Trabajo, Carlos Tomada. El jefe de Gabinete, Sergio Massa, andaba buscando alternativas (como la libertad permanente de optar entre lo privado y lo estatal para los aportantes) cuando ya el pulgar de Olivos había bajado definitivamente para los fondos privados. Todo sería estatal. Tampoco nunca se le consultó la opinión al Banco Central. Sólo Kirchner y el escribidor de sus leyes, Carlos Zaninni, conocían la decisión final. Los ministros ignoraban la trama de la obra que deberían ejecutar luego.
(...) El pequeño mercado de capitales argentino ha sido destruido. Muchas empresas, y los propios comercios de ventas populares, se financiaban con préstamos o fideicomisos de las AFJP. El titular del Anses, Amado Boudou, anunció que su organismo (estatal, por supuesto) seguirá interviniendo en el sistema de financiaciones. Algunas preguntas, entonces, se hacen necesarias: ¿qué hará la Anses de Kirchner con el pedido de créditos por 500 millones de dólares que Mauricio Macri les hizo a las AFJP para obras de infraestructura en la Capital? ¿Qué le responderá al crédito que pidió el gobernador de Chubut, Mario Das Neves, que ya lanzó su candidato presidencial para 2011 contra los proyectos del kirchnerismo? ¿Los empresarios deberán pasar por Olivos para pedir la bendición de Kirchner cada vez que necesiten un crédito de los fondos de pensión? La decisión final será siempre de Kirchner.
Sólo de las noticias de estos dos o tres últimos días, algunas referencias críticas:
El reportaje mencionado al jefe de ANSES muestra el estilo y objetivos de uso de los fondos que se puede esperar. Un repaso a su lectura da una idea de lo que se puede esperar.
El editorial de Morales Solá en La Nación.
Eduardo Melinsky argumenta en favor de la alternativa de una reforma del sistema actual, y plantea aspectos de las pérdidas a que se verán sujetos los aportantes forzados a salir de las AFJP:
Los afiliados verán cambiada la estructura técnica de los beneficios futuros, que ahora responderán a un régimen de beneficios definidos en función de la Prestación Adicional por Permanencia, en lugar de estar determinados por la capitalización de sus aportes. Lo mismo ocurrirá con los aproximadamente 300.000 beneficios en curso por Retiros Programados, que tendrán una movilidad sujeta al régimen general aprobado. Se altera así la reforma estructural hecha con la sanción de la ley 24.241.El ex ministro de Economía Roberto Lavagna también cuestiona el proyecto, y propone alternativas:
"No es bueno para los argentinos que, una vez más, nos quieran llevar como ganado de un extremo al otro", embistió el ex jefe del Palacio de Hacienda, quien enseguida evaluó que la iniciativa oficial "replica la lógica de los 90 sin la reflexión y el tiempo imprescindibles para encontrar las mejores propuestas"Un artículo de José Luis Espert, publicado también para Ámbito Financiero de Argentina, resume la magnitud de la expropiación de fondos:
"Hace sólo unos años nos llevaron prácticamente de forma compulsiva al régimen de la jubilación privada porque el Estado había fracasado. Ahora nos quieren llevar de las orejas al régimen público otra vez, sin consultar a los legítimos propietarios de los fondos, porque nos dicen que las AFJP han fracasado"
Ahora se van a hacer de $13.000 millones anuales que antes recaudaban las AFJP para el fondo de jubilaciones y pensiones y $1.100 millones anuales de disminución del gasto en intereses que ahora el Tesoro le "pagará" al ANSES. Mejora en el resultado fiscal de 2009: $14.100 millones o 1,1% del PBI que terminará transformándolo en superavitario por $5.300 millones cuando el consolidado (Nación más Provincias) tendía a un déficit global $8.800 millones. Además, tendrán un ahorro de $2.000 millones (u$s 600 millones) de amortizaciones de bonos en manos de las ahora en vías de extinción AFJP. Total de mejora de caja para el próximo año por la creación del SiPE (Sistema Previsional Argentino): $16.100 millones o u$s 4.600 millones.Finalmente, un último aspecto: ¿Advierte la sociedad argentina qué es lo que ha sucedido? Creo que no mayoritariamente; peor que en el focejeo de meses con el campo por las retenciones, una parte de la sociedad acepta los argumentos gubernamentales, aunque dentro de algunos años tenga que salir a las calles o inciar juicios colectivos para lograr una jubilación. Hoy pueden encontrarse en Argentina argumentos tan aberrantes como los expresados por Artemio López, que no sólo barniza el desfalco, sino que además castiga a los expropiados.
Para tener una idea más profunda de este "numerazo", basta mencionar que los vencimientos de deuda pública relevantes para 2009 eran de u$s 8.000 millones, el resultado primario de la Nación iba a andar cerca de los u$s 5.500 millones de superávit (lejos de los ridículos u$s 11.000 millones del Proyecto de Presupuesto), que el superávit comercial del próximo año será superavitario por sólo u$s 6.600 millones (el gobierno piensa en u$s 12.000 millones) y que lo que el gobierno piensa recaudar si realiza el canje de deuda con los holdouts y los préstamos garantizados son u$s 3.600 millones. Pero la "bombita" de tiempo fiscal que nos hemos comprado para el futuro cuando los activos de hoy se jubilen es del tamaño de un meteorito. Y falta ver todavía la caída inmediata que habrá en el crédito privado (crowding out).
Con los anuncios de la Presidenta, a los afiliados a capitalización les borraron de un plumazo su fondo de pensión (confiscación de acá a la China) y se lo "sustituyeron" por una jubilación en el Estado que teóricamente depende de su antigüedad, sus años de aportes y su salario en la etapa activa pero que en realidad estará sometido a los caprichos del señor feudal que le toque soportar en la Casa Rosada. Y el verdadero motivo es que al gobierno le estaba costando mucho levantar el cash necesario para pagar los u$s 17.000 millones de deuda pública que hoy están pasando desde las AFJP al ANSES. Se estaba transformando en molesta.
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