Conflictos de frontera, un editorial a propósito

Unos pocos días después de recordar el problema, la Secretaria de Ambiente de Argentina es despedida de su puesto por "cuentas raras". Su papel es recordado por un editorial de La Nación que refuerza algunos puntos comentados antes:

No es nada común, en países constitucionalmente organizados, que grupos ciudadanos se atribuyan facultades para decidir sobre el tránsito por puentes y rutas del dominio público y, menos aún, por aquellas que sirven de vínculo físico con otros Estados. No son nada comunes, claro, otros sucesos que de manera habitual se producen en el territorio argentino y que por su reiteración deberían alarmar a todos los sectores de la sociedad argentina.

La interrupción de algunas de las principales vías de comunicación entre nuestro país y Uruguay, y en particular lo que sucede con el puente San Martín, que une Gualeguaychú con Fray Bentos, significa haber dejado la política exterior argentina en manos de un grupo de vecinos. Primero, éstos se arrogaron por sí mismos tan insólita facultad. Luego, el ex presidente Kirchner, en un viaje insólito a Gualeguaychú, azuzó, con el cortejo del gabinete nacional en pleno y 19 gobernadores, a perseverar en el despropósito.

Kirchner hizo lo contrario de lo que hubiera cuadrado en un jefe de Estado: procurar, con la disuasión de la palabra, el levantamiento de las medidas de fuerza dispuestas para protestar contra la planta papelera de Botnia y tomar, en caso de que se hubiera desoído el requerimiento, los recaudos a los que lo habilitaba, con la participación de la Justicia, la ley y el orden constitucional al que aquélla se ajusta. Urge que la Presidenta asuma los deberes propios del cargo y se mueva en dirección contraria. Así se corregirá el desbarajuste al que ha contribuido su marido en violación de normas y de la tradicional convivencia argentino-uruguaya.

Todos hemos pagado el precio de la improvisación y de las chambonadas callejeras. A la vuelta de dos años, nada de valor tienen para celebrar quienes se han soliviantado contra el sistema de derechos y garantías individuales que protege al conjunto de los argentinos. Por el contrario, hasta informes técnicos, procedentes de insospechables medios universitarios argentinos, han terminado por hacer saber que no existen indicios de contaminación de aguas por la planta de procedencia finlandesa.

En el ínterin, un tribunal jurisdiccional del Mercosur ha llamado la atención a la Argentina por la "falta de diligencia" de sus autoridades para poner coto a una situación de fuerza que violenta el tránsito internacional de personas, mercaderías y vehículos y otros derechos esenciales, como los de trabajo y comercio. El Banco Mundial, de forma tácita, ha actuado en igual sentido. Concebida, pues, como un recurso extremo e ilegal para lograr la frustración del principal proyecto papelero del Uruguay, la protesta se encuentra a estas alturas en medio de una absurda situación. Lo único serio es mantener abierta una negociación internacional que permita establecer las bases de un contralor permanente y confiable de la calidad de las aguas y de la atmósfera.