Información, democracia, gobierno

Leyendo La Nación, de Argentina: "Como era de esperar", el INDEC apeló el fallo que le exije informar fehacientemente el cálculo que usa para estimar la inflación.
Esta es una situación que arrastra una historia de meses, totalmente surrealista, en la que un gobierno trata de esconder los datos de evolución económica, como si se pudiera tapar el cielo con las manos.
Para cualquier colega español que puediera leer esto, el INDEC (Instituto Nacional de Estadística y Censo), es el instituto oficial argentino encargado del censo y de la medición estadística de la evolución de la economía. De sus mediciones dependen múltiples obligaciones, sea convenios laborales, ajustes de contratos, o ajustes de títulos financieros, entre otros.
Pues bien, al viejo estilo de la muerte del mensajero con malas noticias, este gobierno (lo que es lo mismo, su antecedente) decidió que si los índices no son favorables, se debe intervenir el organismo, reemplazar su conducción, y elaborar otros nuevos que den los resultados que se desean y no los que se producen. Este escándalo expuesto a propios y ajenos es una de las causas concurrentes de la caída de valor de los títulos de deuda, y de la desconfianza inversora internacional. Sin hablar de la principal consecuencia interna, vieja conocida nacional: la divergencia entre realidad y palabras ministeriales crece, crece, y un día estalla, en favor de la realidad, con una nueva crisis económica.
Qué dice La Nación:

Como era de esperar, el Estado apeló el falló que le ordenó al Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) que informara fehacientemente sobre cuál es la metodología que emplea para calcular la inflación, qué modificaciones se han instrumentado y las razones que llevaron a sus autoridades a aplicar tales cambios.
El fallo, firmado por la jueza Claudia Rodríguez Vidal, a cargo del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N° 3, admite en forma parcial un recurso de amparo interpuesto por la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) el 18 de julio último. El Indec presentó su apelación antes de que se le venciera el plazo de 48 horas de que disponía.
El abogado de la ACD, Alejandro Cegarra, explicó: "Las apelaciones las conceden, así que tendremos que discutir esto en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal. Todavía no sabemos qué sala, porque recién se sorteará esta semana".
El letrado se mostró optimista respecto de la resolución de la causa y estimó que dentro de tres o cuatro meses la Cámara ratificará lo ordenado en primera instancia. "El Estado tendría la posibilidad de presentar un recurso extraordinario que se dirimiría en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero no creo que se lo conceda", comentó.
Cegarra resaltó que el fallo es muy importante porque le dice al Estado: "Necesito que me dé las razones por las que está llegando a este índice de precios al consumidor". Y destacó que la transparencia no está en decir que el índice es mejor o peor, sino en mostrar la fórmula que se aplica para su confección.
"Más allá del tema de la inflación, que hoy es muy relevante, lo que pretendemos desde nuestra asociación es hacer conocer que todos tienen derecho a acceder a la información pública", concluyó.

Quisiera destacar algunas conclusiones que se desprenden de este hecho, que hacen al camino futuro que Argentina debiera recorrer, si espera otro destino que el que está forjando:

• Continuidad de gobierno: Las instituciones de administración no deben manejarse según conveniencias de momento, y más aún cuando son órganos de medición. Su conservación es un patrimonio que se debe respetar, y sus resultados deben aceptarse, aunque no sean los deseados. Sólo en base a información correcta se pueden tomar decisiones para resolver problemas. No proceder de esta manera, implica que no se desean soluciones para el largo plazo.
• El gobierno debe informar de sus actos: es inadmisible, y un desprecio por la sociedad que se gobierna, el ocultar información, en este caso por dos vías: torcer los resultados, y ocultar cómo se lo hace, aún ante una intimación judicial.
• Aceptar las decisiones de los jueces. Siguiendo una vieja costumbre nacional, las sentencias de los jueces sólo se aceptan y usan si son favorables. A las otras, se las elude. Aunque es cierto que el proceso judicial admite aún llegar hasta la instancia constitucional, es propio de la mejor tradicion nacional el oponerse al derecho.