España votará contra la libertad de acceso a la información?

Ampliamente comentado en estos días, se espera que en poco tiempo más se aprueben restricciones en el acceso a información con derechos de autor en España. Y esto, aparentemente, a hurtadillas.Y como algunas filtraciones han expuesto, a pedido de la industria internacional.
Antonio Delgado, entre otros, dedica un análisis al significado de esta acción. Lo que sigue es su introducción. Vale la pena leer su nota completa.

Toda la presión ejercida sobre España en cuanto a propiedad intelectual y que ha derivado en la ley Sinde (que será aprobada el próximo martes día 21 de diciembre por la puerta de atrás en el Congreso) está basada en una gran mentira elaborada a lo largo de los años con estudios fabricados por la misma industria afectada, datos descontextualizados, falacias, intereses ajenos e incluso leyendas urbanas.
Hasta ahora teníamos retales sueltos de esta falsedad, pero los cables filtrados por Wikileaks, tanto en su web como a través del diario El País, han confirmado nuestras peores sospechas. La realidad estaba tras un reguero de datos e informaciones que son públicos desde hace años. Por ejemplo, el año pasado pude reconstruir los pasos dado por el Gobierno y los grupos de presión para forzar una legislación a favor de sus intereses utilizando las hemerotecas de los periódicos.
Recordemos la situación: en España los enlaces p2p no son delito. En 10 casos ha habido sobreseimientos libres a diversas páginas de enlaces en varias audiencias provinciales. En los únicos casos donde ha habido una sentencia condenatoria ésta ha sido “de conformidad”. Es decir, se ha llegado a un pacto con los denunciantes en el que el acusado se declara culpable y no se juzga el fondo del asunto. La ley Sinde está pensada para para quitarse de en medio a los jueces y sustituirlos por un órgano administrativo. Si la justicia no ha dado la razón a la industria en sus demandas de cierre de páginas de enlaces, la “solución” era saltársela.
Mientras la industria tramaba el plan, los políticos españoles han hecho gala de su histórica ineptitud en temas relacionados con Internet, las nuevas tecnologías, los hábitos de los usuarios, la protección de los derechos fundamentales en el entorno digital, etc. Para ellos (bien por analfabetismo digital, bien por falta de miras o bien por opacidad en sus relaciones con grupos de poder) la ley Sinde ha sido considerada siempre como un tema menor que no merecerá ni siquiera un debate en el Congreso antes de su aprobación. “Internet debe ser regulado”, dicen quienes necesitan a una secretaria para que les filtre y borre sin leer los mensajes de los ciudadanos.