Internet y la defensa del privilegio de publicación

La legislación de control de Internet tratada de colar entre gallos y medianoche, no parece dispuesta a ser retirada...Hoy, en El Confidencial, por Alberto Mendoza:

Ángeles González Sinde ha pagado la novatada de sentarse en el Consejo de Ministros. La inexperta titular de Cultura ha aparecido como la responsable del plan para cerrar páginas web sin autorización judicial, y ha servido de pararrayos ante la avalancha de críticas que han surgido desde dentro y fuera de la Red. Sin embargo, según han informado a este diario fuentes socialistas de toda solvencia, el verdadero artífice de la inclusión de la norma en el anteproyecto de la Economía Sostenible (LES) es José Enrique Serrano, director de Gabinete del Presidente del Gobierno y ‘mano derecha’ de José Luis Rodríguez Zapatero.

Así, pese a que el embrollo había surgido del corazón de Moncloa, Zapatero apareció una vez más como el deshacedor de los entuertos de sus ministros y desautorizó públicamente a González Sinde, castigando todavía más su imagen. “No se va a cerrar ninguna web, ni ningún blog”, aseguró el presidente. Ayer, la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega tuvo que insistir en que se trata de “una iniciativa del Gobierno, no solo del Ministerio de Cultura, que, por cierto, parce lógico que defienda la creación intelectual y sus derechos”.

El respaldo de la vicepresidenta a González Sinde, otorgando al conjunto del Ejecutivo la autoría de la iniciativa, recordó a sus comparecencias ante la prensa durante la crisis del ‘Alakrana’. Como sucedió entonces, la descoordinación entre ministerios y presidencia ha vuelto a dañar la imagen del Gobierno. Fuentes próximas a la ministra de Cultura explicaron a este diario que el anteproyecto de la LES se conformó con las aportaciones de 14 ministerios, pero que Moncloa se reservó la redacción de los últimos detalles antes de enviarlo al Consejo de Ministros. Estas fuentes aseguraron desconocer si el departamento de González Sinde había propuesto la medida para cerrar webs, o si la incluyó el jefe de Gabinete de Zapatero.

Lo cierto es que el Ejecutivo optó por esconder la trascendencia de esta reforma. Se incluyó como una disposición final en el texto sobre Economía Sostenible, no se anunció previamente a los sectores afectados, y tampoco se comunicó al resto de ministros y dirigentes del PSOE, a quienes estalló la polémica sin que se hubiera preparado ninguna estrategia de comunicación al respecto. De la Vega evitó referirse a las nuevas medidas contra la piratería en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del 27 de noviembre, y tampoco se recogió en el resumen de la LES que distribuyó Moncloa. De hecho, según comprobó este diario, ni patronales como Redtel (que agrupa a las principales operadoras de telecomunicaciones) o ASIMELEC (Asociación Multisectorial de Empresas de Tecnología de la Información); ni las asociaciones de internautas estaban al corriente de la reforma antes de su publicación.

No obstante, cuando la iniciativa quedó al descubierto, González Sinde fue la encargada de defender su legitimidad ante algunos representantes de internet (la lista de Sinde), y de soportar la reprobación de la opinión pública. Pese a los anuncios de De la Vega y Zapatero de que se aclarará la ley, más de 100.000 personas habían suscrito ayer en Facebook el manifiesto contra este intento de censura, y se celebró una concentración ante el Ministerio de Cultura.

La ministra se encuentra ahora con un doble problema. Por un lado, debe obedecer las nuevas directrices de Moncloa para suavizar las medidas contra los internautas, y, por otro, debe satisfacer las reclamaciones de la industria cultural, cuyos rostros más conocidos apoyaron a Zapatero en 2008. La solución pasará probablemente por reforzar el control judicial a la hora de cerrar webs que vulneren la propiedad intelectual, aunque el mero hecho de tachar de pirata a una página ya conlleva un complejo debate legal.

Pese a la importante contestación ciudadana, el Gobierno se atrevió a aprobar el canon digital antes de las últimas elecciones generales y, ahora, con un mayor margen hasta los próximos comicios, espera poder satisfacer las exigencias de los creadores. La patronal de la industria discográfica Promusicae y la Coalición de Creadores se mostraron ayer preocupadas por la posibilidad de que Zapatero “ceda en el pulso con los piratas”. El presidente de Promusicae, Antonio Guisasola, afirmó a Efe que la encendida reacción de los internautas contra las medidas recogidas en el anteproyecto de la LES son “una bola de nieve injustificada”.

“Esto se ha convertido en un pulso al Gobierno por parte de unos piratas y me preocupa que se plantee ceder ante quienes no defienden la libertad en la red, sino la posibilidad de acceder gratis a los contenidos que son de pago", argumentó. Asimismo, Guisasola subrayó que "el proyecto estaba bien pensado y sí que existe un control judicial posterior". Y es que el Gobierno parece haber encontrado en internet un terreno donde retratarse, y donde no puede quedar bien con todo el mundo.

Así como el cánon digital ha significado un estanco de monumentales beneficios para un grupo de presión que recuerda los tiempos de los validos, la legislación de control de Internet dará instrumentos para asegurar la explotación del privilegio. Así como ahora quien compra un medio digital se presume delincuente, en el futuro se reservarán la autoridad de declarar "pirata" a quien no acepte su monopolio.