Internet y la cultura del Estanco

Al día siguiente del gran revuelo, El Confidencial, entre muchos otros, publica al menos dos notas relacionadas con las medidas de control de los usuarios de Internet. La primera de ellas es descalificadora de la acción del gobierno, y la segunda explica el alcance y consecuencias.
El primer aspecto, comentado por José Mendiola:

De tapadillo, a hurtadillas y con toda la nocturnidad y alevosía posible, el Gobierno ha colado una normativa que vulnera los derechos de los internautas en España. Descubierta la maniobra, la red no ha tardado en reaccionar y ha empezado a correr como la pólvora un manifiesto creado por un grupo de bloggers que defiende un principio fundamental: los derechos de un autor no deben prevalecer sobre los individuales. Además, aseguran que el anteproyecto de ley vulnera el artículo 20.5 de la Carta Magna.

La iniciativa gubernamental supone un claro beneficio para el lobby de artistas y un claro retroceso de las libertades del grueso de españoles. Así, y en el marco del anteproyecto de ley de Economía Sostenible presentado a bombo y platillo por Zapatero, ha incorporado en las disposiciones finales una modificación del artículo 158 de la Ley de Propiedad Intelectual por la cual se otorga al ministerio dirigido por González Sinde la potestad de cerrar las webs que alojen contenido que infrinja esa normativa sin la necesidad de contar con la intervención judicial. Todo un atropello que deja en manos de la arbitrariedad e intereses de los poderes fácticos la viabilidad o no de un contenido en Internet.

Hablábamos de alevosía puesto que esta modificación no estaba reflejada en el articulado presentado en rueda de prensa, pero fue incorporada en el PDF oficial que fue enviado a los medios, dejando en evidencia que las intenciones del gobierno eran meter un gol y por la puerta de atrás ¿a quién? A los propios ciudadanos a los que dice representar. A mayor oscurantismo y arbitrariedad del movimiento, se contempla la creación de un 'comité de expertos' que dilucide al final si una web o blog es conforme al derecho o bien si debe cerrarse sin más contemplaciones.

El segundo, analizado por Gustavo Bravo:

Este miércoles Internet era un hervidero. En las principales redes sociales no se hablaba de otra cosa que no fuera la nueva Ley de Propiedad Intelectual presentada por el Gobierno dentro del Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible.

Muchos lo tachan ya de inconstitucional, otros han promovido un manifiesto en contra del proyecto y la gestión de González Sinde en la cartera de Cultura. Mientras, junto al lenguaje jurídico, los tecnicismos del propio medio digital y el desconocimiento de estos canales sociales, aún por expandir para la mayoría de la sociedad; no dejan de multiplicarse las incógnitas: ¿qué pretende cambiar el Ejecutivo?

¿Se verán afectados los particulares que descargan o comparten archivos?

Según el abogado David Bravo, la reforma atañe únicamente a prestadores de servicios de la sociedad de la información, lo que, en la práctica, "incluye a toda página web que obtenga algún rendimiento económico, por mínimo que sea". En principio nada dice de bloquear conexiones o intervenir ordenadores de particulares como se ha llegado a comentar en algunos foros.

¿Por qué ha causado tanto revuelo la propuesta del Gobierno?

Porque se pretende crear una institución, llamada Comisión de Propiedad Intelectual del Ministerio de Cultura, con la competencia de supervisar páginas web, en salvaguarda de los derechos de autor. Para el abogado Carlos Sánchez Almeida, el verdadero origen del problema reside en "el sistemático desprecio con el que nuestra clase política trata al tercer poder del Estado: el Poder Judicial, única autoridad legitimada por nuestra Constitución para secuestrar publicaciones".

Con esta ley, según Bravo, "se permite que cuando alguien denuncie una web por posible vulneración de propiedad intelectual, sea la Comisión del Ministerio de Cultura la que decida si existe tal vulneración, y en consecuencia, si se cierra una web". En un comunicado de prensa, el Ministerio de Cultura explicó que la Comisión "no se erigirá en un órgano de vigilancia de la red" y que sólo actuará a instancia de parte cuando un titular o una entidad de gestión colectiva de derechos denuncien que la difusión de sus obras se está llevando a cabo sin licencia ni autorización. Según el Ministerio, el objetivo de este órgano será el "restablecimiento de la legalidad mediante la retirada del contenido difundido sin autorización", algo que hasta ahora sólo podía hacer un juez.

¿Por qué plantea el Gobierno estas medidas?

Desde que es posible compartir y descargar archivos en Internet han sido muchos los intentos de los organismos privados por cerrar o limitar servicios y páginas web que enlazaban de los programas que posibilitan el intercambio y la descarga de contenidos sujetos a derechos de autor. En ningún caso, excepto uno y no del todo, han proliferado las medidas legales contra ‘las páginas de descargas’ porque es necesario que existan dos supuestos imprescindibles para que exista delito: que los archivos (discos, películas o libros) se alojen en el mismo servidor de la página y que haya ánimo de lucro.

Para Bravo, el objetivo declarado de este proyecto de ley es atacar a las páginas que enlazan a los contenidos, sin albergarlos, tras el fracaso de la persecución judicial. “Lo que han hecho, tras perder la industria un partido tras otro, es decirle al árbitro, dame a mí el pito que ya me encargo yo de esto”, asegura.

¿Se podrá compartir sin ánimo de lucro como hasta ahora?

La reforma no convierte en ilícito lo que era lícito a nivel particular. La copia privada nunca ha sido ilegal mientras no exista ánimo de lucro, y nada apunta a un cambio de dirección. Los usuarios, tal y como se percibe en el anteproyecto, podrán seguir utilizando como hasta ahora y sin novedades programas de intercambio de archivos (como eMule) que permiten enviar y recibir, conectando a un usuario que tenga un archivo y a otro que lo busca, y así sucesivamente. Esto ha provocado que plataformas pro derechos de autor, como Promusicae, no se den por satisfechas. El Gobierno se ha centrado en una 'lucha' directa contra las páginas de enlaces y los autores piden, además, un sistema de avisos para advertir a los usuarios que descarguen contenidos.

¿Qué es ese manifiesto espontáneo que ha surgido en Internet?

Un grupo no identificado de internautas, blogueros, periodistas y webmasters redactaron ayer un manifiesto cuya publicidad ha crecido como la espuma. El éxito de la iniciativa ha llegado al punto de forzar una reunión con la ministra de Cultura que tendrá lugar, según informaron algunos de los asistentes, hoy a partir de las 10.30 de la mañana. La carta emitida en defensa de los derechos fundamentales en Internet, en la que rechazan las reformas en la Ley de Propiedad intelectual, fue colgada en torno a las nueve de ayer y, al final de la jornada, más de 100.000 blogs se habían hecho eco del texto, dentro y fuera de nuestras fronteras.

La culpa del éxito la tiene Twitter. Bajo la etiqueta #manifiesto, miles de mensajes contra el anteproyecto contagiaban la red como el más letal de los virus. El canal de la Presidencia en esta red, (DesdelaMoncloa), fue saturado de mensajes hasta forzar una cita entre la ministra de Cultura, Ángeles González Sinde, y un espontáneo grupo de representantes que dicen actuar en nombre de 'los internautas', entre los que se incluyen el ex director de 20 Minutos José Cervera; el profesor y bloguer, Enrique Dans; Uno de los responsables de la web Microsiervos, Alvy; el ex director de Público, Ignacio Escolar o el fundador de Weblogs, Julio Alonso.

Si bien en el mundo en general hay una fuerte discusión acerca de los derechos de autor, y derechos de edición, en el caso de España se suma otro aspecto: la larga y antigua tradición del Estanco. O yendo algo más atrás, la historia del privilegio de imprenta.

Sin duda los autores tienen derecho a proteger su obra y obtener de ella un beneficio, y especialmente cuando un tercero lucra con ella, sin compartir el beneficio con quien la creó. Sin embargo, la supuesta defensa de este derecho está llevando a una situación extrema en general, y en España y Europa en particular: que la vigilancia de estos derechos está llevando a la persecusión de toda actividad de intercambio cultural y de conocimiento. Claramente es así con el ya establecido cánon digital, por el que se presupone que el uso de cualquier medio digital capaz de transferir archivos implica la copia de material bajo derechos de autor. Poco tiempo atrás, un abogado llevó a juicio a la Sociedad General de Autores de España, para reclamar la devolución del cánon cobrado por copiar procedimientos judiciales, ganándolo. Casi semanalmente se publican casos en que la SGAE inspecciona y cobra derechos hasta en bodas y conciertos benéficos, o incluso a una peluquería. Así, el propuesto avance de la fiscalización de Internet por medio de una comisión sancionadora sin intervención judicial, ha provocado el estallido.

El procedimiento llevado adelante en la preparación de la ley, así como ha sucedido con el cánon digital, revela una evidente actividad de lobbismo en favor de sociedades de productores y autores, y en perjuicio de la sociedad y la difusión del conocimiento. Una actividad que evoca un antiguo modelo de negocios en España, uno que lo llevó al divorcio de sus colonias americanas: el monopolismo mercantilista y el Privilegio. Siglos después, la tradición se continúa, diferenciando en parte el modo de hacer negocios con la primera línea de Europa. Según Wikipedia: "Se llama estanco al monopolio en la producción o venta de un determinado bien asumido por el Estado u otorgado a particulares a cambio de un ingreso al fisco". En mucho, las medidas en favor de un grupo de instituciones se aproximan al modelo del privilegio de imprenta (1), común en el pasado, pero presente en la forma de entender los negocios y las actividades, mucho más extendido que lo que pareciera: no se trata sólo del área en discusión; más ampliamente, también son cuestionables las ideas con las que se espera la protección de un colegio profesional, o las expectativas puestas en obtener una oposición. Un aspecto estratégico en la resolución de la crisis económico social que atraviesa el país, va exactamente en dirección contraria de lo que la fuerza de la historia impone, como una corriente incontenible: a España le hace falta más competencia, más audacia emprendedora, más libertad de acción. Esta ley es lo opuesto.

(1) Tomo información de la investigación de Fermín de los Reyes Gómez, "Con privilegio: La exclusiva de edición del libro antiguo español", en Revista general de información y documentación, ISSN 1132-1873, Vol. 11, Nº 2, 2001, pags. 163-200. Una discusión para otro momento.