El Gobierno Vasco pretende hacer efectivo el derecho subjetivo a la vivienda para las personas con mayores dificultades de acceso y establecer un canon para las viviendas que, sin causa justificada, estén vacías.Comienzan a presionar sobre la burbuja inmobiliaria fuerzas que estimularán probablemente una solución: el Banco de España está exigiendo a los bancos y cajas reservas más altas para previsionar las pérdidas por la tenencia de propiedad inmobiliaria; aparecen los costos de mantener esta cartera inmovilizada (mantenimiento de los edificios, destrozos con el costo agregado de su reparación), y comienza a haber noticias de la ocupaciones ilegales de viviendas, con su secuela de deterioro de las viviendas y gastos jurídicos para liberarlas. Esta iniciativa vasca podría comenzar a desencadenar liquidaciones de cartera.
El consejero de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, Iñaki Arriola, ha presentado hoy el anteproyecto de ley vasca de vivienda que espera presentar al Consejo de Gobierno para su aprobación a finales de este año.
Hasta entonces, además de los procedimientos internos del propio Gobierno, se va a someter al debate de los ciudadanos, que podrán presentar sus propuestas a través de internet, y a la negociación con los ayuntamientos y partidos.
El anteproyecto tiene como principal objetivo, según ha explicado Arriola, promover las condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes para hacer efectivo el derecho de los ciudadanos a disfrutar de una vivienda digna y adecuada y "convertir el principio en auténtico derecho exigible ante los tribunales para aquellas personas con mayores dificultades de acceso".
Además, pretende regular el régimen jurídico de la vivienda de protección pública, reformular y reordenar los sistemas de prestaciones púbicas existentes de ayuda a la vivienda, regular la intervención en rehabilitación y regeneración urbana para eliminar obstáculos a estos procesos y definir el alcance del concepto de "función social de la vivienda".
Derecho subjetivo a una vivienda
El anteproyecto establece el derecho subjetivo a la vivienda para aquellos colectivos cuyo acceso al mercado libre les podría hacer caer en riesgo de exclusión social.
Para que la administración reconozca este derecho el ciudadano tendrá que tener vecindad administrativa en Euskadi, carecer de vivienda digna y no disponer de medios económicos para acceder a una vivienda libre, estar inscrito en el registro de Etxebide (servicio público de vivienda protegida) y tener unos ingresos determinados.
Mientras no se apruebe el correspondiente reglamento, se establecería que los solicitantes deberán estar registrados en Etxebide al menos cuatro años antes y los ingresos no deberán superar los 15.000 euros para familias de 3 o más miembros, los 12.000 de 2 miembros y los 9.000 de 1 miembro.
La satisfacción del derecho se realizaría con la puesta a disposición del solicitante de una vivienda en alquiler o, en su defecto, de una prestación económica.
Canon a las viviendas vacías
Otro de los aspectos que prevé el anteproyecto es la consideración de vivienda vacía cuando esté desocupada de forma continuada durante más de 2 años, salvo que concurran motivos que lo justifiquen.
Este punto es la base para el establecimiento de un canon que "podrán imponer" los ayuntamientos por un importe de 10 euros anuales por cada metro cuadrado útil. Arriola ha explicado que el Gobierno Vasco se reserva la posibilidad de aplicar con carácter general en la Comunidad Autónoma este canon si no lo aplican los municipios.
El director de Planificación del Departamento, Mario Yoldi, ha aclarado que Euskadi tiene el porcentaje más bajo de viviendas vacías de todas las comunidades autónomas, aunque ahora está experimentando un aumento por las viviendas nuevas que no se venden por efecto de la crisis y por la existencia de un volumen de viviendas antiguas en mal estado que dejaron sus propietarios para ir a otras nuevas.
Precisamente el anteproyecto prevé que la administración podrá expropiar viviendas en el caso del incumplimiento del deber de conservación y rehabilitación de las mismas cuando suponga un riesgo para la seguridad de las personas o por el incumplimiento de la función social de las mismas.
El anteproyecto contempla que en el supuesto de que más de la mitad de la propiedad de un inmueble esté de acuerdo para acometer una rehabilitación, esa decisión se podrá imponer al conjunto de afectados.
El texto también contempla la posibilidad de la expropiación forzosa de viviendas de promoción pública en supuestos como no destinarlas al domicilio habitual, mantener la vivienda desocupada durante un año, incumplir los deberes de conservación, su sobreocupación o la transmisión no autorizada.
Puede ser o no...sin embargo, no existen condiciones muy viables para una nueva inyección de ayuda que extienda los tiempos, como desearían los dueños de la burbuja...
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