Clarín comenta así el informe de Transparencia Internacional sobre la posición argentina en la lucha contra la corrupción:
Una vez más Argentina recibe bajas calificaciones en la lucha contra la corrupción. Esta vez, debido a que el país forma parte de una lista de Estados –entre los que se encuentran más de la mitad de los mayores exportadores del mundo- que no controla el pago de sobornos que hacen sus empresarios en el exterior.¿Puede haber otro resultado al día de hoy? Creo que no...No están a la vista quienes puedan liderar un cambio cultural y jurídico que dé otros resultados.
Al menos, así lo establece un nuevo informe de Transparency International que indica que esta escasez de controles se debe a la carencia de voluntad política para procesar este tipo de delitos.
El Informe TI 2007 de Avance en la Implementación de la Convención demuestra que 20 de 34 países miembros de la Convención Contra el Soborno Transnacional de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) no están implementando la Convención ni cumpliendo con sus compromisos anticorrupción.
Esto significa que los países miembros no están haciendo lo suficiente como para, entre otras cosas, controlar la contabilidad y evitar transacciones dudosas, supervisar el registro de gastos inexistentes y el uso de documentos falsos que tengan el objetivo de ocultar sobornos pagados por sus empresarios en el exterior.
La gravedad de que sean estos 20 países está dada por un hecho en particular: se trata de Estados que representan las dos terceras partes de las exportaciones mundiales de productos y servicios, es decir, que realizan constantes transacciones fuera de sus fronteras.
A pesar de la mala noticia para Argentina y otros países, no todo es oscuro. El Informe también destaca que en 14 países se implementa de manera significativa los controles sobre este tipo de delitos. Este dato demuestra que cada año la situación mejora. En 2006, la cantidad de países que aplicaban estos controles eran doce y en 2005, ocho.
El informe de Transparency, que se realiza hace tres años, evalúa una serie de aspectos relacionados con los sobornos y les pone notas a los países: satisfactorio o insatisfactorio. A la Argentina le fue mal en ocho de diez categorías.
Tras analizar cuáles son los países en donde la Convención se aplica significativamente -Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, Francia, Alemania, Hungría, Italia, Corea, Holanda, Noruega, España, Suecia, Suiza, y Estados Unidos-, Transparency resalta en qué Estados miembros no se llevan a cabo juicios contra empresarios locales que hayan pagado sobornos extranjeros.
La cifra preocupa, son 18 los países que no enjuiciaron a nadie por este delito durante 2007: Argentina, Australia, Austria, Brasil, Chile, República Checa, Estonia, Finlandia, Grecia, Islandia, Irlanda, México, Nueva Zelandia, Polonia, Portugal, República Eslovaca, Eslovenia y el Reino Unido.
Sólo en 16 de los 34 países analizados se realizaron este tipo de procesos legales contra sus connacionales. Y aun menos son los países que se animaron a esclarecer casos donde están involucradas grandes multinacionales: Dinamarca, Francia, Alemania, Italia, Noruega, España, y EE.UU.
En cuanto a las categorías en las que Argentina fue calificada negativamente se encuentran los siguientes items:
Investigaciones sobre casos de sobornos extranjeros. Se realizaron en 20 de los 34 países, lo que significa un avance respecto de los 17 del año pasado. Sin embargo, Argentina no está entre estos 20. Además, si se tiene en cuenta que en nueve de esos países el número de investigaciones creció, la situación es aún peor para nuestro país.
Debido a que las investigaciones sobre este tipo de sobornos requieren de una gran especialización, Transparency analiza el grado de organización de cada país en este aspecto y, en especial, si cada Estado posee una oficina dedicada exclusivamente a ello. Quince países poseen oficinas centrales a nivel nacional, mientras que Argentina no tiene ningún tipo de dependencia exclusiva que se encargue de este tema.
Otro de los aspectos evaluados por Transparency son las insuficiencias significativas en el marco jurídico para el procesamiento de los empresarios locales que hayan sobornado a funcionarios de otros países. Argentina encabeza la lista de los dieciocho países que no tienen un marco legal adecuado.
Entre las trabas legales, Argentina es uno de los que peor se encuentra en relación con las limitaciones jurisdiccionales y es el lugar donde las grandes corporaciones corren menos riesgos de tener responsabilidad penal al pagar sobornos fuera del país.
En cuanto a la conciencia pública y los esfuerzos de los Gobiernos por concientizar acerca de que los sobornos que se pagan en el extranjero también son un crimen, Argentina sacó mala nota: "insatisfactorio" le puso el informe, al igual que a otros 16 países.
Sobre el acceso a la información pública, nuestro país y otros quince Estados también fueron reprobados. Argentina tampoco se salva a la hora de evaluar los esfuerzos del sector privado para evitar los sobornos. Nuestro país forma parte de los 17 Estados que no tienen un nivel adecuado en este aspecto.
Un punto que podría parecer positivo en un primer momento es el hecho de que Transparency aprobara los sistemas de contabilidad y requisitos de auditoría de Argentina. Aquí es donde a la mayor parte de los países les fue bien (26 Estados recibieron el OK), sin embargo, el informe hace una salvedad y señala que si bien nuestro país tiene fuertes leyes de control, las agencias del Estado encargadas de controlar son muy débiles, lo que torna a esta fortaleza en una debilidad.
Además, nuestro país tampoco aprobó el ítem protección legal de testigos (empleados o ex empleados que denuncian los sobornos). Pero, por otra parte, el informe de Transparency le da el OK a la Argentina en cuanto a los procedimientos de queja y a los esfuerzos de los gobiernos por difundirlos. Otro tanto sucede con los recursos humanos y económicos disponibles para investigar estos casos. En este ítem Argentina obtuvo un "satisfactorio".
Nicolás Dassen, abogado consultor de Poder Ciudadano, explicó que la mayor deuda de Argentina está dada por la debilidad jurídica: "En nuestro país no hay un régimen de sanción para las personas jurídicas.
Si una empresa argentina soborna a un funcionario en otro país para que le favorezcan una licitación, sólo le cabe la responsabilidad penal a quien haya pagado el soborno".
Dassen coincide con el informe y destaca que los recursos para investigar posibles sobornos argentinos en el exterior existen. "Lo que no hay es voluntad política de hacerlo. Argentina, más que un país pagador de sobornos, es un país receptor de sobornos", recuerda y aclara que "el mensaje que se puede leer entre líneas es que son muy pocas las empresas que pueden hacer grandes negocios en el exterior y cometer este tipo de delitos, con lo cual al Estado no le interesa perseguirlas. Si lo hace una pequeña empresa es muy difícil de detectar".
Con este marco, podemos ver la nueva ola de casos de corrupción (en otro momento).
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