La banca española, negocios seguros

El sistema bancario español pasa por ser un modelo robusto, capaz de resistir con éxito la mayor crisis financiera y económica de los últimos cincuenta años. Una verdad relativa, conocidas las dificultades en curso para sostenerse por su exposición a inversiones en el sistema norteamericano o europeo, y mucho más por su todavía irresuelta dependencia de las inversiones inmobiliarias.
Pero hay un aspecto más, que podría cambiar radicalmente sus cuentas. Un aspecto que la crisis social ha puesto sobre la mesa de los políticos: la situación de esclavitud práctica a que un deudor hipotecario se expone legalmente al tomar una hipoteca. Al avanzar la crisis y aumentar el número de parados incapaces de pagar su deuda, comienza a presionarse para modificar la legislación, reduciendo la obligación del deudor hipotecario al pago de su cuota, desligándolo de la aberrante situación de persistir su obligación si el remate de su vivienda no cubre el monto de la deuda. Se ha comenzado a materializar la inconcebible situación de que una persona que ha perdido su casa, que quizá no tenga trabajo, además deba garantizarle al banco la integridad del capital prestado, mas todos sus intereses, si acaso el remate no cubriera el monto total comprometido. Y esto, garantizado por un gobierno que evidentemente se ha comprometido a sostener este modelo.
Los hechos recientes, en El Confidencial (es curioso que los temas importantes salgan sólo en publicaciones de circulación reducida):

La batalla política contra la obligación legal de responder con todos los bienes en caso de embargo hipotecario está en marcha. La inició Izquierda Unida en la Asamblea de Madrid, que la semana pasada presentó una proposición no de ley contra la actual legislación nacional, El guante lo recogió el Grupo Popular en el parlamento regional, que sorprendentemente respaldó la iniciativa de la coalición de izquierdas. Pero ahora ha sido la vicepresidenta económica quien ha puesto pie en pared. Salgado dejó ayer bien claro que el Ejecutivo no tiene ningún interés en cambiar la norma, toda vez que “son las entidades financieras las que exigen garantías”.

El asunto, sin embargo, lejos de haberse cerrado tiene todavía mucho recorrido parlamentario. Según Gregorio Gordo, el diputado que defendió la proposición no de ley en la Asamblea de Madrid, Izquierda Unida volverá a plantear el asunto, aunque esta vez ante el parlamento nacional. Pero ahora con el PP como aliado en caso de que el Grupo Popular en el Congreso revalide la posición de los diputados de Esperanza Aguirre.

Lo que está en juego es extremadamente delicado para la banca, que cuenta con un blindaje legal en caso de que el propietario de una vivienda no pague los recibos correspondientes. La Ley Hipotecaria establece que la hipoteca podrá constituirse en garantía de toda clase de obligaciones del deudor, y no alterará la responsabilidad personal ilimitada que establece el Código Civil. ¿Y qué dice el Código Civil?, pues ni más ni menos que “del cumplimiento de las obligaciones responde el deudor con todos sus bienes, presentes y futuros”, aclara la norma.

La banca, y quizá también algunas áreas de servicios de caracter monopólico u oligopólico, no están interesados en el riesgo en los negocios: se mueven con garantías inconcebibles en otros países, como recuerda la nota de Carlos Sánchez:

Quiere decir esto que el riesgo de depreciación de los activos inmobiliarios no corre a cargo de la entidad financiera que presta el dinero, como sucede en los países anglosajones, sino del propietario, que debe responder por la hipoteca con otros bienes ajenos a la vivienda, aunque el valor del piso caiga en picado, como está sucediendo en algunas zonas del país. Es decir, que el piso puede valer menos que la hipoteca. La situación es todavía más paradójica si se tiene en cuenta que la mayoría de las compañías de tasación inmobiliaria pertenece a la banca, lo que puede provocar problemas de conflicto de intereses.

La comparación es destacada también en otro artículo posterior de Eduardo De Segovia, en el mismo medio. Segovia deja en claro cuál sería el impacto patrimonial para los bancos:

...en el sector se considera que este cambio sería un auténtico terremoto puesto que supondría la instauración del sistema norteamericano por el que, cuando el precio de la vivienda baja por debajo del importe del crédito, basta con devolver las llaves del piso para dejar de pagar la hipoteca. Algo que ya están sufriendo de facto las entidades cuando el titular del préstamo es un extranjero. Eso dispararía la morosidad y, en consecuencia, las provisiones y las pérdidas de bancos y cajas en un momento en que ya hay algunas entidades que luchan por sobrevivir. Aparte de disparar hasta la estratosfera el volumen de inmuebles que tendrían que 'comerse' las entidades.
(...) Ahora bien, otros no ven con malos ojos estos efectos, porque por fin se produciría el desplome del precio de los pisos que numerosos expertos consideran imprescindible para salir de la crisis. Asimismo, esta norma obligaría a la banca a abandonar las prácticas irresponsables de concesión de crédito de los últimos años: tasaciones estratosféricas, préstamos por más del 100% del valor del piso, letras que suponen un enorme porcentaje de los ingresos del hipotecado, plazos irracionales de amortización, etc.

Una crisis nacional, paralela a la arrastrada por el quiebre del sistema internacional, que no terminará sin cambios en el modelo de negocios interno.