Viajando a contramano

En un nuevo hito, Argentina ha expropiado la participación accionaria de Repsol en YPF, de tal forma que obtiene el control de la empresa. Recuerdo tres momentos con similares escenarios y reacciones en los últimos treinta años: la invasión de Malvinas, recibida con clamor popular y apoyo político generalizado, donde personalidades de todo tipo luchaban a codazos por aparecer en primera fila en diarios, radio y televisión...Luego, la declaración ante el Congreso Nacional del presidente de una semana, Adolfo Rodríguez Saa, de que Argentina no pagaría la deuda externa, en medio de aclamaciones de diputados y senadores, y, nuevamente, con la aprobación general pública; y ahora, el abordaje a YPF, con similares aprobaciones. Todavía hoy vivimos bajo las consecuencias de aquellos dos momentos, y probablemente el futuro próximo, y por algunas décadas, esté determinado por un nuevo acto de oportunismo e irresponsabilidad.
Ciertamente, debe haber pocos argentinos que no quisieran ver a sus antiguas grandes empresas estatales de nuevo bajo su control, así como quisieran ver Argentina como un país próspero, pujante, avanzado. Pero, sin embargo, este encadenamiento de hechos históricos justamente han marchado en el sentido contrario, hundiendo más y más sus posibilidades futuras. No puede esperarse que un país en el que gobierno y oposición consideran irrelevante el derecho, la propiedad ajena, el respeto de sus propios compromisos y la continuidad de los actos de gobierno, vaya a recibir a un inversor o un socio de proyectos de larga duración. El comienzo del milenio ha traído a Argentina gobiernos que entienden las reglas de la política bajo las condiciones de la guerra: actos de confiscación y libertad de pillaje. Quiero que alguien de entre aquellos colegas y amigos que hoy están contentos, me demuestren que haber vendido hace casi trece años YPF en 15.000 millones de dólares, en una decisión aprobada en el Congreso y con el respaldo mayoritario de los gobiernos provinciales, y ahora expropiarla, es un acto racional de gobierno. Ni siquiera tiene sentido discutir qué votó hace trece años cada uno de los que hoy vota su expropiación: los hechos son muy cercanos y las declaraciones son públicas.
Quiero puntualizar dos elementos: cuando YPF y otras empresas se privatizaron dos razones fundamentales fueron la contínua pérdida que representaban para el presupuesto nacional, y el desgobierno en que se manejaban (corrupción al contratar, reparto político de cargos, ineptitud para planear, retraso tecnológico). Ahora, quienes no fueron capaces de fiscalizar su funcionamiento como entidades públicas primero, y luego como entidades privadas, serán quienes se harán cargo del negocio (¿negocio de quién?). Y, entonces, a cambio de otros nuevos cincuenta años de corrupción e ineptitud garantizada, lo que hemos ganado es el repudio y extrañamiento de cualquier posible socio de negocios, privado o público, para muchas décadas. Quiero saber qué banco, institución o país estará dispuesto a establecer negocios duraderos con Argentina en los próximos cuarenta años. Sí, por supuesto, Brasil, a cambio de la parte del león, o China, como nuevo colonialista.