El ministro de Política Territorial y vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves, ha salido a contrarestar las crecientes presiones en favor de un cambio en la legislación de ejecución de deuda hipotecaria, algo que parece recordar la servidumbre medieval. Las palabras de Chavez en la nota de El Economista:
[El Vicepresidente Chavez] ha asegurado este miércoles que el Ejecutivo "no está por la labor" de cambiar la legislación para que la entrega de la vivienda salde la deuda hipotecaria, como ha propuesto el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Pedro Castro.Es curioso observar que PSOE, firme opositor a la mejora de las condiciones de los deudores, reciba el apoyo del Partido Popular, luego de que algunos de sus principales dirigentes se manifestaran en favor de cambiar la legislación. En este caso, de poco valen las etiquetas: socialistas y "populares" terminan compartiendo el argumento de "defender la fortaleza del sistema bancario".
Así lo ha precisado Chaves en una visita a las obras del Plan E en Aranjuez (Madrid), al tiempo que ha recordado que "hay unas reglas".
"Habría que reformar toda la ley bancaria y todo el sistema financiero", ha referido Chaves, quien ha incidido en que el Consejo de Ministros aprobó "la semana pasada" el decreto ley de reforzamiento del sistema financiero, cuyo objetivo es precisamente "una reestructuración" del mismo de cara a "hacerlo más solvente, fuerte y competitivo".El presidente de la FEMP, Pedro Castro, reclamó ayer al Gobierno una normativa que impida que las personas tengan que seguir pagando sus deudas hipotecarias aunque se hayan visto obligadas a entregar sus viviendas a los bancos.Ayer mismo, los grupos parlamentarios del PSOE y PP rechazaron en el Pleno del Congreso de los Diputados la tramitación de una iniciativa de ERC por la que reclamaba que en el marco de la reestructuración del sistema financiero impulsada por el Gobierno se cambie la ley para obligar a las entidades a aceptar que con la entrega de la vivienda baste para cancelar la hipoteca.Esta posibilidad ya ha sido debatida en otras ocasiones en la Cámara Baja sin que prosperara, si bien la idea ha recobrado la actualidad tras varias sentencias judiciales que la admitían como opción válida en ejecuciones hipotecarias.
Sin embargo, la sucesión de sentencias judiciales en favor de la extinción de la deuda con la devolución de la propiedad, está cerca de abrir otra puerta al tratamiento del problema: en poco tiempo más, técnicamente será posible considerar a estas sentencias como jurisprudencia, y recurrir a la vía judicial para evitar la continuidad de una deuda interminable.
La línea de argumentación socialista, acudiendo a la necesidad de defender la fortaleza del sistema bancario, es cuestionable en lo inmediato, porque el único aspecto real en que el sistema bancario "se fortalece" con esta política, es que esconde el quebranto económico que implica la caída de cada deudor tras la fórmula contable de considerar que esa deuda está en gestión, en lugar de reflejarla como una pérdida neta. Pero la pérdida existe, con el agravante del impacto social que implica perseguir "a muerte" al deudor (y a sus eventuales avales).
Y esta línea de argumentación es además perniciosa hacia el futuro, porque si los bancos no se responsabilizan de pesar la viabilidad de un crédito hipotecario, seguirán tirando de futuras burbujas inmobiliarias: está muy claro que esta confianza en estos recursos disponibles ha sido un alimentador de la tasación bancaria de las viviendas al alza, en una espiral que ya hemos visto dónde terminó.
¿A qué responde Chavez?: sin hablar de casos anteriores, dos importantes hechos se produjeron ayer:
Un juez elevó al Tribunal Constitucional la actual normativa, y una reunión de autoridades locales decidió tomar una posición política en favor de la extinción de la deuda.
¿Le resolverá la vida este reclamo a los deudores?: no, porque ya han perdido aquello para lo cual jugaron todos sus ahorros; pero por lo menos no los convertiría en esclavos por el resto de sus vidas, o por lo menos hasta pagar hasta el último duro a los bancos, incluídos los gastos de abogados.