España ha entrado oficialmente en recesión por el descenso continuado del consumo privado y el frenazo de las exportaciones, según los datos del BdE publicados la pasada semana. Y, lo que es más grave, el Banco de España advierte que lo peor está por llegar. Se trata por tanto de una doble recesión, algo que jamás había ocurrido en nuestro país desde la Guerra Civil. Sin embargo, y como viene siendo habitual, la situación es mucho peor de lo que reflejan los datos oficiales. Para Paul Krugman, “ya no se puede hablar de recesión, España se encuentra en una depresión en toda regla”. Es decir, una grave crisis económica prolongada, profunda y acumulativa, con incrementos anormales del paro, caídas profundas del consumo, la inversión y la riqueza, y cuya duración puede extenderse entre tres y diez años.
Con una tasa de paro oficial del 24,4% y real del 26,5% -sumando los 435.000 “parados desencantados” que la semana de la encuesta no habían realizado búsqueda activa de empleo y que el INE clasifica como inactivos- (una tasa superior a la de EEUU en el peor momento de la Gran Depresión), un 51% de paro juvenil, una población crecientemente empobrecida de la que un 23% vive por debajo del umbral de la pobreza, unos 1,7 millones de hogares con todos sus miembros parados y cuatro de cada diez parados sin subsidio, hablar de recesión supone un engaño a los españoles. Si no se han producido todavía casos graves de hambre es solo debido a la impagable labor de Cáritas y de las órdenes religiosas, que se encuentran literalmente desbordadas, mientras unos sindicatos depredadores y corruptos aún no han ofrecido ni un plato de sopa a un hambriento.
Desesperanza generalizada
La velocidad y la profundidad en la destrucción de la riqueza de las familias jamás había alcanzado la dimensión actual en tiempos de paz: el equivalente a un 50% del PIB desde enero. La pérdida de valor de las empresas del IBEX supera los 100.000 millones de euros desde esa fecha, que se añaden a los 200.000 perdidos desde 2008; la pérdida de valor de las viviendas, 1,5 billones desde 2008 o 400.000 millones, también desde enero. La renta disponible de las familias, el motor fundamental de una economía, despuésde cuatro años ininterrumpidos de caídas, volverá a caer en mas de 40.000 millones de euros en 2012 no solo por el paro, la inflación y la caída de remuneraciones reales, también por la fuerte subida de impuesto sobre la renta, y el aumento brutal de los impuestos sobre el ahorro y el impuesto de bienes inmuebles. Y mientras millones de familias luchan por sobrevivir sabiendo que sus hijos vivirán peor que ellos, Rajoy sigue desaparecido y sin liderazgo.
Y por si este entorno de depresión no fuera ya lo suficientemente dramático, el déficit del Estado en el primer trimestre alcanzó un 1,85% del PIB (el 7,4% en tasa anual, que con el déficit de CCAA y Ayuntamientos supera el 10% del PIB), un 75% más que el año anterior, para financiar gasto corriente, para que las CCAA puedan continuar el despilfarro. Después está la Seguridad Social, porque los ingresos no cubren ya los gastos de la misma y la diferencia está creciendo exponencialmente. Y, además, aunque no cuenta como déficit computable, tenemos el río de dinero para mantener cajas que deberían haber sido cerradas, la última, Caixa Catalunya, que costará 8.800 millones de euros a los contribuyentes, o con una Bankia inviable y, según el FMI, desastrosamente gestionada cuya intervewnción está cantada y nos costará 50.000 millones. ¿Con qué derecho Rajoy saquea el erario público otra vez, gracias a lo expoliado de renta y ahorro de los españoles, en lugar de cerrar las cajas y procesar a los responsables? Es algo intolerable para la nación.
¿Hasta cuándo piensan estos irresponsables seguir auxiliando a unas CCAA que no están en absoluto comprometidas con la estabilidad presupuestaria? No dicen que van a intervenir las CCAA que no cumplan, ¿pues a qué esperan para intervenir Valencia, Murcia o Castilla La Mancha, que ni cumplen ni van a cumplir?; ¿y qué hay de Andalucía o Cataluña, que ya han anunciado categóricamente que no piensan cumplir, mientras reciben miles de millones del erario público para tapar sus agujeros? Estamos en manos de insensatos que utilizan el dinero de los españoles como si fuera escombro. Y ahora Montoro dice que España necesita endeudarse en 114.000 millones, pagando el 90% más de interés por las letras, con un bono a 10 años al que los seguros de deuda (CDS) dan ya un 50% de posibilidades de impago, a lo que se suman 148.000 millones más por vencimientos de deuda. En total, 262.000 millones o el 25% del PIB.
Estos irresponsables pensaban que las compras de los bancos españoles con el dinero del BCE, del que se están llevando los dos tercios del total de la eurozona, no tenían final, pero resulta que sí. Santander y BBVA no compran más deuda al Tesoro. ¿Quién, entonces, les va a comprar los casi 200.000 millones que faltan para cerrar el año? Aún peor, la rebaja de rating de S&P en dos escalones y con perspectiva negativa, a solo tres peldaños del bono basura, obligará a fondos y bancos internacionales a vender masivamente deuda española. ¿Con qué dinero va seguir financiando entonces Rajoy el despilfarro autonómico y un sistema financiero quebrado?; ¿a qué coste inasumible piensan colocar tan ingente cantidad de deuda? Unos y otros están hundiendo el país para los próximos cien años.
Una pérdida de credibilidad histórica
Frente a todo esto tenemos un Gobierno sin plan ni estrategia alguna, sin cohesión, dedicando sus mejores esfuerzos a apuñalarse los unos a los otros. Ni se plantea recuperar la soberanía económica dividida en 17 pedazos, lo más esencial junto con la recuperación del crédito para superar la crisis. El Ejecutivo es tan cobarde que ni siquiera ha acometido la reforma del BdE, cuyo prestigio está por los suelos, ni destituido a su gobernador, principal responsable junto con Zapatero de nuestra ruina económica. Un Gobierno que ni siquiera se plantea una alternativa energética racional, ni de lucha contra los monopolios, lo que nos lleva a pagar los precios de los productos petrolíferos antes de impuestos, del gas, de la electricidad, de las telecomunicaciones y de los servicios bancarios más caros de Europa. Cualquier gobierno sensato hubiera tomado medidas drásticas de recorte de gastos inútiles, algo sencillo cuando el despilfarro de dinero público supera los 110.000 millones.
Nunca en la historia de las democracias un presidente había perdido tan enorme caudal de credibilidad y de esperanza en tan poco tiempo. Todas y cada una de las afirmaciones de Rajoy, desde “hay que bajar impuestos” a “jamás implantaré el copago” pasando por “tenemos un plan perfectamente diseñado para salir de la crisis” o “no emplearemos un euro de dinero público en rescatar a la banca”, se han demostrado falsas en poco más de 100 días. Ha subido impuestos, ha implantado el copago y no tenía plan alguno. A día de hoy, ya da igual lo que Rajoy diga o prometa: su credibilidad en los mercados es cero, solo las cifras de déficit y paro cuentan, y son desastrosas. Mientras, los mercados empiezan a descontar ya que hasta los grandes bancos tendrán que ser intervenidos y la fuga de capitales se convierte en un torrente. Todo lo demás es música celestial.
La intervención: el único camino
Cada vez resulta más difícil evitar una sensación de desesperación y de impotencia. La casta política, empezando por un Gobierno ineficaz y siguiendo por la oposición (que hace todo lo que está en su mano para desestabilizar el país), los nacionalistas (en chantaje permanente a la nación) y los sindicatos (con su larga tradición de destrucción de empresas) está llevando a España hacia el desastre. Una nación no puede continuar viviendo así año tras año, de promesas vanas e incompetencia manifiesta, viendo como se destruye cada día su riqueza, como la clase media, el gran pilar que ha sostenido el crecimiento de nuestra economía, está siendo eliminada y sin el más mínimo horizonte de esperanza. La intervención es la única esperanza posible antes de una revuelta social cada día más cercana. La intervención supondría que España pasaría a ser dirigida por verdaderos profesionales de la economía, en lugar de por políticos incompetentes y moralmente corruptos que jamás nos sacarán de la crisis.
La intervención supondría que, ante una propuesta a boleo de “recortar” 10.000 millones en Sanidad y Educación, se hubiera implantado la propuesta de Esperanza Aguirre: devolver al Estado Justicia, Sanidad y Educación, lo que hubiera supuesto un ahorro de 48.000 millones, sin copagos ni tasas; la intervención supondría que antes de subir un solo impuesto se acabaría con los 34.000 millones en duplicidades; que antes de subir el gas, la electricidad o los servicios bancarios, se acabaría con los monopolios; que antes de recortar inversiones e investigación se recortaría gasto corriente; que antes de dejar al Estado sin dinero para funcionar correctamente se cerrarían las diputaciones, incluidas las vascas, porque o sobran las Diputaciones forales o sobra el Gobierno Vasco.En todo caso el diagnóstico es claro: el problema no es el PP, no es el PSOE, no es IU, ni siquiera los nacionalistas. El problema son todos ellos, todas estas mafias legales dedicadas a saquear España, instaladas como casta parasitaria, privilegiada, financiada íntegramente con el expolio a los contribuyentes, con 500.000 cargos de designación política, el doble que Italia y 300.000 más que en Alemania, aparte de los cientos de miles de familiares, amigos y correligionarios, y donde la oligarquía económica está exenta, vía SICAVs, de la mayoría de impuestos. O desmantelamos esa casta o no hay supervivencia posible.
Para defininir la confiscación de YPF anunciada por la presidente Kirchner el pasado lunes 16, no encontré mejor síntesis que las declaraciones del canciller español. A los pocos minutos del anuncio, el canciller señaló que la decisión es pésima para España, pésima para Argentina y pésima para el sistema jurídico internacional, pero que, por sobre todas las cosas, es pésima para el pueblo argentino.
La confiscación de YPF es el acto más descarado e irresponsable tomado por los Kirchner desde que llegaron al gobierno nacional, hace ya nueve larguísimos años. Supera en daño económico, institucional y de imagen internacional a la tribuna que le armó el expresidente Kirchner a Hugo Chávez en 2005, en Mar del Plata, para que insultara al entonces presidente Bush, al grito bárbaro de ¡ALCA, ALCA, al carajo! Supera incluso en daño económico e institucional a la estatización de las AFJP, ejecutada en 2008 en contra de la opinión de los aportantes al sistema privado de jubilaciones.
Con gran tristeza y desesperanza he escuchado y leído muchas opiniones sobre la confiscación. Los funcionarios de todo rango y los legisladores celebran la decisión presidencial, y cuando se les pide que la justifiquen se limitan a repetir los argumentos de la presidente: que la inversión se desplomó, que la producción cayó, que Argentina en lugar de exportar hidrocarburos ahora los importa y que el déficit energético es intolerablemente alto. Por su parte, los analistas políticos y económicos se limitan a describir asépticamente la medida y a señalar, como si fuera un gran aporte, que ellos la "veían venir". A su vez, Macri y el PRO se oponen a la expropiación por razones legales pero se apuran a aclarar que de llegar a la presidencia en 2015 no reprivatizarán YPF. Por último, como frutilla del postre, Menem anunció que votaría a favor de la confiscación puesto que las circunstancias han cambiado; no aclara, por cierto, a qué circunstancias se refiere, si a las del país o a las suyas.
Pero la confiscación de YPF merece una descalificación contundente, pues es un desastre jurídico, un desastre económico y un desastre internacional. El fondo y las formas de este acto de salvajismo revelan que en el gobierno argentino reina una escalofriante desubicación, demagogia, inmadurez o vaya uno a saber qué.
El gobierno sostiene que "expropia" YPF porque: a) Repsol vació la empresa, b) Repsol bajó la inversión, la producción y la exportación, y c) la nueva YPF estatal aumentará la inversión y la producción y equilibrará la balanza energética.
Sobre a) El gobierno argentino vendió YPF en 1999 y Repsol la compró de buena fe y por un monto que ambas partes consideraron justo. El 57% de YPF pasó a ser de esta manera propiedad de Repsol, conforme a la Constitución argentina, la ley internacional y tratados bilaterales de protección de las inversiones. Una empresa puede hacer con su propiedad lo que le parezca más conveniente. Puede explotarla bien o mal. Puede venderla en su totalidad o en partes. Puede incluso cerrarla o vaciarla, como dice con horror la señora presidente. Vaciar una empresa significa distribuir entre los propietarios todos sus beneficios sin dejar margen para la reinversión. Lo que no se preguntan la Sra. de Kirchner y sus seguidores, ni Macri ni Menem, es por qué poderoso motivo una empresa constituida para el lucro habría optado por distribuir beneficios y reducir inversiones imprescindibles para el mantenimiento de su negocio. Esta es la pregunta clave. Nadie, dentro del estado argentino, se la ha formulado.
Sobre b) Todo el mundo quiere ganar plata. Argentinos y extranjeros, la industria petrolera y cualquier otra. Para ganarla deben cumplirse dos condiciones, aparte de una buena gestión. Un precio remunerativo para la producción y un plazo de recupero de las inversiones tan prolongado como lo exija el negocio. Ninguna de estas condiciones se cumplía en el caso de Repsol. Por su petróleo recibía un 40% del precio internacional y por su gas, menos de un 30%. El plazo de recupero, o la estabilidad del negocio, era tan precaria que ya en 2008 se vio forzada a ceder a la familia Eskenazi un 25% de las acciones de la empresa por presión del expresidente Kirchner. En declaraciones públicas de entonces, Repsol aclaró que tomaba esa decisión con el objeto de tener mejores contactos en el gobierno nacional. ¿Cuál es la conducta de cualquier empresario en circunstancias como las descriptas y las que siguieron? ¿Es racional intensificar la inversión y la producción? ¿Qué haría cualquiera de nosotros sino distribuir más dividendos que los generados, minimizar la inversión y apostar a un cambio realista de la política energética? Esto hizo Repsol.
Sobre c) Inicié mi vida profesional como funcionario de carrera de la Secretaría de Hacienda a fines de la década de 1970. YPF era entonces una empresa del estado. Recuerdo muy bien que una de las grandes preocupaciones que sobrevolaban las reuniones de preparación del presupuesto nacional era el gasto en inversión en exploración de pozos que demandaría YPF. Hasta su privatización, el déficit de YPF fue parte importante del déficit fiscal argentino; desde ella, YPF fue el mayor contribuyente de los gobiernos nacional y provinciales. Vaticino que muy pronto YPF será, una vez más, parte significativa del déficit fiscal nacional. Que la cantidad de empleados crecerá desmesuradamente. Que será desplumada por la patria contratista y la patria sindical. Y que a la larga también será desplumada por los consumidores, pues el gobierno nacional los verá como votantes y no se atreverá a cobrarles por los combustibles lo que cuestan. No tengo mucho más que decir en relación con las empresas del estado que lo que dije en 2003 en un debate con el ahora canciller Timerman.
Estoy cansado. Espero que la señora de Kirchner se vaya cuanto antes con el menor daño institucional posible. Este es mi deseo más ferviente.