¿Qué escenario hace posible un gobierno que fuerza su Instituto de Estadísticas para que éstas den lo que se desee, que expropia los fondos privados de pensión creados quince años antes, que viola la independencia de su Banco Central, y que se propone gobernar en minoría mediante decretos de necesidad y urgencia? Si recordamos que estos decretos no son nuevos, y que fueron usados reiteradamente por muchos gobiernos, concluiremos que el escenario que lo posibilita rueda desde hace mucho tiempo, y lo seguirá haciendo todavía, sin duda.Tal como estaba previsto, el Gobierno agota todos los recursos para eludir el fallo judicial que frenó el uso de reservas del Banco Central (BCRA) para pagar los vencimientos de la deuda.
La jueza federal en lo contencionso administrativo María José Sarmiento hizo lugar a las presentaciones que en los últimos días habían hecho desde varios sectores de la oposición.
Según pudo saber LA NACION de fuentes de la entidad, la resolución judicial está aún en la mesa de entradas del Banco Central, por lo que el presidente interino de la entidad, Miguel Angel Pesce, y uno de los directores, el kirchnerista Sergio Chodos, no se dieron aún por formalmente notificados y presionan para concretar la transferencia de US$ 6500 millones que impidió la jueza.
Concretamente, necesitan que alguno de los funcionarios de carrera del banco acepte firmar la creación de la cuenta por la que los fondos pasarán al Tesoro Nacional. La tarea no es fácil. Nadie quiere hacerse responsable de una decisión que podría ser cuestionada por la Justicia.
El fallo. La sentencia de la jueza Sarmiento impide la utilización de los fondos hasta que la Corte se expida sobre la constitucionalidad del decreto de necesidad y urgencia 2010/09 que instruyó al BCRA a girar el dinero para constituir un fondo de garantía para el pago de la deuda. Los amparos habían sido presentados ante la jueza Sarmiento por la Coalición Cívica, Pro y la Unión Cívica Radical.
El directorio del BCRA había decidido en su reunión de ayer, de la que no participó Martín Redrado, que se abriera una cuenta en el Ministerio de Economía para depositar el monto de las reservas asignados al Fondo del Bicentenario.
Tras conocer la medida, el ministro de Interior, Florencio Randazzo, anunció que el Poder Ejecutivo apelará el fallo judicial ante la Cámara del fuero correspondiente. Allí, es probable que la influencia que ejercen los operadores políticos del Gobierno sobre los jueces que integran la Cámara opere a favor de la posición oficial.
El fallo se produce al día siguiente de que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner destituyera mediante decreto de necesidad y urgencia a Redrado de su cargo de presidente del Banco Central, lo que provocó una crisis institucional respecto de la conducción de la entidad monetaria y de la validez de las últimas disposiciones presidenciales.
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