Argentina y la corrupción II

El título de esta nota enlaza a un editorial de La Nación que resume brevemente el estado de cosas en el manejo de la corrupción en Argentina. Pese a que durante estos últimos años existe en Argentina un deseo de poner un cristal rosa a cualquier hecho que ponga en duda "el gran cambio" que se iniciara con el presente gobierno, el editorial no hace sino mostrar la continuidad de un estilo de administración que se pierde en la noche de los tiempos. La simple enumeración de hechos, actitudes, mecanismos de administración y gobierno, principios y normas observados, dan una dimensión del camino que falta por recorrer, suponiendo el caso que alguna vez, un conjunto social desee vivir de otra manera en el país. Y no se debe pensar que ésto es propio de "un gobierno", ni siquiera de "los gobiernos". Esto forma parte, y está bien dentro, de las dirigencias políticas, económicas, sociales, y culturales, y seguramente es aceptado en diversas maneras por buena parte de la sociedad. Estoy convencido de que la sociedad argentina ha ido evolucionando hacia la aceptación y defensa de situaciones que en otros países serían aberrantes. Tengo en la memoria cientos de ejemplos...Podría incluso poner en duda si alguna vez fue distinto, si acaso mirara con lupa hechos de la historia nacional, sea un análisis social de Amalia, una segunda lectura de Mansilla, una recorrida de cartas o notas de Sarmiento, una lectura de Payró, por no hablar de casos más próximos. En algún momento habrá tiempo para ésto también...
Pero, volviendo al editorial de La Nación, cómo presenta el problema:

Cuesta creerle al presidente Néstor Kirchner cuando proclama públicamente que por primera vez se combate en serio la corrupción, "le toque a quien le toque y caiga quien caiga".
Tales frases, casi calcadas de las que una década atrás pronunciaba otro jefe del Estado, Carlos Menem, no parecen tener en cuenta que la corrupción no se combate con palabras, sino con hechos. Y que, en todo caso, esos hechos no pueden pasar por el simple desplazamiento de un funcionario de segunda línea para inmediatamente esconder toda la basura debajo de la alfombra y simular que aquí no ha pasado nada.

El editorial describe las precondiciones de la corrupción:

Es sabido que la corrupción en el aparato estatal deriva, junto con las actitudes deshonestas de los funcionarios, de un alto grado de discrecionalidad, de bajos niveles de transparencia y de una elevada sensación de impunidad para cometer delitos.
La Argentina sufre desde hace mucho tiempo serios problemas estructurales y de insuficiente calidad institucional para enfrentar aquellos fenómenos.(...)
El inadecuado funcionamiento de los organismos de control de la administración pública y de los servicios públicos; la falta de transparencia en las concesiones de obras públicas; la existencia de fondos fiduciarios con escaso control; el otorgamiento de superpoderes al Poder Ejecutivo para reasignar en forma discrecional partidas presupuestarias; la proliferación de los subsidios estatales adjudicados sin participación del Congreso de la Nación; la creación de fundaciones financiadas con fondos públicos para desarrollar actividades propias del Estado, con el fin de burlar las auditorías de los órganos destinados a ese efecto, y finalmente, la presión que sobre los jueces implica un Consejo de la Magistratura dominado por el sector político oficialista, conforman un cóctel explosivo.

Termina luego con una enumeración de casos recientes:

1. El Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) perdió a su titular por las derivaciones del escándalo Skanska.
2. El Órgano de Control de Concesiones Viales (Occovi), dirigido hasta hace días por Claudio Uberti, despedido por el sonado caso de la valija con casi 800.000 dólares, también es sospechado por sus notables demoras en la resolución de expedientes vinculados con posibles sanciones a empresas concesionarias de rutas.
3. Y la Sindicatura General de la Nación (Sigen) ha dejado de ser un órgano confiable desde el momento en que se designó como una de sus máximas responsables a Alessandra Minnicelli, la esposa del ministro de Planificación Federal, Julio De Vido.
4. Basta con advertir la absurda defensa que se hizo de la ex ministra de Economía Felisa Miceli hasta que finalmente se decidió la separación de su cargo, o los débiles argumentos con que se intentó justificar distintos actos reñidos con la ética de la secretaria de Medio Ambiente, Romina Picolotti.
5. Basta con evaluar la falta de condena siquiera verbal hacia la decisión de la empresa estatal Enarsa de alquilar una aeronave privada por una suma sideral para trasladar desde Caracas a Buenos Aires a dos funcionarios argentinos y a un grupo de invitados de la empresa petrolera venezolana, además del misterioso "señor de la valija".
6. Basta con apreciar la desmesurada expansión de los negocios y el consecuente enriquecimiento que en los últimos años han experimentado algunos hombres de empresa amigos del poder kirchnerista, o con advertir que el propio presidente de los argentinos ha hecho saber, en su última declaración jurada patrimonial, que es socio de un empresario investigado por la utilización de facturas falsas, supuestamente para encubrir sobreprecios en los gasoductos del caso Skanska.
7. Basta con observar la misma declaración de bienes personales del primer mandatario y detectar que algunas de sus propiedades, compradas recientemente, son registradas a precios absurdos comparados con los valores reales del mercado inmobiliario, práctica en la cual también incurren otros ministros de su gobierno.

En este marco, se está hablando de varias "instituciones" que trazan la diferencia entre una sociedad corrupta y una que promueva prácticas transparentes:

• Falta de control de las acciones públicas.
• Aceptación del conflicto de intereses. Sobre el conflicto de intereses en la actividad de los gobernantes cabría hablar especialmente.
  
• Designación discrecional de funcionarios.
  
• Falta de enjuiciamiento de actos de corrupción.

Y dando un paso más, se puede hablar entonces ahora del caso más reciente: una maleta con cerca de 800.000 dólares que es interceptada en aduanas. Sin entrar en detalles innecesarios después de todo lo que se ha dicho, y dejando a salvo que quizá los funcionarios involucrados no hayan sido partícipes del acto, sólo quisiera destacar dos o tres características que salieran a la luz: La discrecionalidad de los funcionarios, la institución de los fondos fiduciarios, y la parcialidad de mirada.
Sobre lo primero, el funcionario Uberti aparece como un operador político al que se le confían misiones, y se le asignan fondos incontrolados. Sin ir más allá del artículo referido, que hay más, algunos rasgos destacables: disposición de un fondo de alrededor de 700 millones de dólares sin control, recaudador de campaña electoral, intermediario en relaciones internacionales con Venezuela, manejo de fondos viales, y todo eso, desde un organo de control vial que recibe atención secundaria, atento al simple hecho de participar de un viaje privado, costoso, en un área fuera de su incumbencia.
Sobre lo segundo, el fondo fiduciario muestra los mil caminos que dispone un gobierno para burlar el control público. A la larga historia de la institución de los fondos reservados, ahora se agrega esta vía:

Los fondos fiduciarios públicos se crearon originalmente para destinar un monto a un fin determinado. La herramienta debería permitir que el dinero afectado no pueda ser direccionado. Hasta ahí, no hay demasiadas polémicas. Lo que sucedió con el paso de los años, especialmente desde la llegada a la presidencia de Néstor Kirchner, es que se abusó de la herramienta por una razón no menor: no están regidos por las mismas normas que las demás erogaciones de la administración pública por la simple razón que ese patrimonio está separado del resto.
Sucede que sólo figura una planilla -literalmente es sólo una hoja- en la que se enumeran los montos totales que se destinan a cada fondo, pero nada se releva de cómo se usa el dinero.
De acuerdo con el presupuesto vigente, en este año, 5620 millones se canalizarán mediante este mecanismo y tendrían un control casi nulo. Esa suma podría no ser definitiva, ya que el Gobierno puede inyectar más fondos a esas cajas mediante aportes directos.[La Nación, 12-08-2007]

Finalmente, sobre el tercer aspecto, es notable cómo algunos sectores beneficiados o simpatizantes desacreditan, descreen, contraargumentan, cuando se les desnudan las crudas realidades. Las palabras de D'Elía son una muestra típica, pero existen muchas otras muestras.