La aberración catalana vista de revés

José Antonio Zarzalejos, en El Confidencial, cambia el punto de vista sobre Cataluña, dándo vuelta el problema: ¿qué pasará en una Cataluña independiente, con los habitantes que deseen permanecer españoles? Y la pregunta no es solo una cuestión de sentimientos, si acaso, como probablemente proponga Convergència Democràtica de Catalunya, para ser ciudadano catalán habrá que saber la lengua catalana y conocer la "historia catalana"...Las alternativas de Zarzalejos son civilizadas, dentro del desgarro brutal que implican. Sin embargo, dada la existencia de fracciones nacionalistas extremas, como se ha observado repetidamente en el curso actual de las cosas, otras soluciones mucho más violentas, como Crimea lo está poniendo sobre la mesa, serían posibles. Las  palabras de Zarzalejos:

Mañana está previsto un referéndum vinculante en Crimea para resolver sobre la incorporación de la península ucrania a Rusia, después de que su Parlamento haya declarado unilateralmente la independencia del territorio. La consulta es ilegal como han denunciado los Estados de UE porque viola la Constitución de Ucrania. Y siendo ese un problema sustancial, no es el único. De prosperar la secesión-anexión de Crimea a Rusia, ¿qué ocurrirá con los ucranios que allí viven? ¿Y con la minoría tártara? ¿Serán rusos o serán ucranios? ¿Extranjeros o nacionales? No es una pregunta provocativa, ni mucho menos una ocurrencia.
En Gran Bretaña se está planteando, todavía tímidamente, qué ocurriría con los británicos que quisieran seguir siéndolo en una Escocia eventualmente independiente, abogándose -eso sí, por parte del secesionismo- por la doble nacionalidad que, no obstante, comportaría enormes complicaciones porque los británicos en Escocia serían ciudadanos de la Unión y los meramente escoceses, no.
Aquí, y en relación con una eventual independencia de Cataluña, la cuestión de la nacionalidad de los catalanes que deseasen seguir siendo españoles la planteó en términos muy serios y documentados el ex presidente del Consejo de Estado, Francisco Rubio Llorente, en un artículo publicado el pasado 23 de enero en La Vanguardia titulado Ciudadanos de Catalunya. Explicaba el catedrático de Derecho Constitucional cómo se decidió la nacionalidad en las repúblicas bálticas cuando accedieron a la independencia tras la caída de la URSS: los ciudadanos de Estonia, Letonia y Lituania “son hoy quienes lo eran en esos Estados antes de 1940 (cuando se los anexionó la URSS) o sus descendientes. Con lo que han quedado privados de esa condición una buena parte de quienes hasta la independencia habían actuado como ciudadanos: entre el 30% y 40% de los votantes en los respectivos referéndums sobre la independencia de Letonia y Estonia, no son ya ciudadanos”.
Aunque Rubio Llorente da por seguro que -como en Escocia- “una Catalunya independiente ofrecería su nacionalidad a todos los españoles que en ese momento vivan allí” (en el Congreso del CDC se va a acordar que para ser catalán nacional será preciso conocer la lengua y la historia de Cataluña), el problema tiene más derivaciones y de alta sensibilidad. Porque aunque se ofreciese esa nueva nacionalidad, no puede ser impuesta dice el profesor con buen sentido. Y añade: “Los nacionales del estado predecesor tienen derecho a seguir siéndolo aunque continúen viviendo en el nuevo, que no puede expulsarlos ni privarlos de otros derechos que los políticos.” El canadiense Stephane Dion, urdidor de la ley de claridad para Quebec, se manifestó en la misma línea el pasado miércoles en Madrid. Traído a Barcelona, Tarragona y a la capital de España por los Federalistas de Izquierdas, Dion fue muy claro: un referéndum de independencia consiste también en declarar extranjeros a parte de la población del territorio.
Oriol Junqueras y la doble nacionalidad
¿Cómo sería entonces la situación? Rubio Llorente la imagina así: “En ese marco obligado, no es disparatado imaginar que un número significativo de los españoles que viven en Catalunya pudieran desear seguir siéndolo sin salir de ella y lo hagan valer ante las autoridades catalanas y españolas. Como esa nacionalidad conlleva la europea y la naturaleza humana es desfalleciente, es posible que esa opción resultara tentadora también para otros, pero bastaría con que se inclinaran por ella quienes en el referéndum votaron en contra de la independencia para que el Estado fruto del alumbramiento naciera con una grave malformación: una democracia en la que no puede votar ni tiene derechos políticos el 40% de los habitantes”.
Los independentistas escoceses insinúan que la solución sería la doble nacionalidad; lo mismo que ha mantenido Oriol Junqueras, líder de ERC, que en declaraciones hechas en septiembre del año pasado apeló a los “lazos emocionales” de ciudadanos catalanes con el resto de España. Sin embargo, Madrid no estaría en la obligación de resolver ese problema a una Cataluña separada, lo que podría provocar un éxodo de una parte de su población. Problema de dimensiones enormes sobre el que no se ha oído por el momento ninguna prevención o reflexión de parte de los estudiosos de la independencia de Cataluña en el Consejo Asesor para la Transición Nacional.
Rubio Llorente, concluye su reflexión sosteniendo que “ni los más ardientes independentistas escoceses o catalanes pueden ignorar el hecho de que aunque los estados se separen, no sería posible establecer una separación nítida entre los pueblos, porque los vínculos de todo género que unen a las personas que los forman vienen de muy lejos, son muchos y sólidos. Tantos, que desde hace siglos los habitantes de España se han visto y han sido vistos como integrantes de una de esas unidades que a partir de finales del siglo XVIII se llamaron naciones. Y es que es mucho más fácil salir del Estado que salir de la nación. Y más fácil aún debería ser lograr que la estructura del Estado se acomode a la complejidad de esta nación de naciones. Un empeño por el que merece la pena seguir luchando.”
Lo que plantea el proceso soberanista en Cataluña no es sólo un problema político y económico (este último es sobre el que el Gobierno está incidiendo de manera más reiterada). Plantea también un gran problema de carácter social porque ante la ruptura de una de las identidades de los ciudadanos de Cataluña -el grupo más numeroso se siente catalán y español según todas las encuestas- se quiebra también el concepto individual de nacionalidad, apareciendo, si la hipótesis secesionista se consumase, eso que Rubio Llorente denomina una “grave malformación”. Otra más, habría que añadir, y no sopesada, por quienes en Cataluña han puestos en marcha la maquinaria de la independencia y que se están dando de bruces con obstáculos de todo orden que hacen cada día más inverosímil que el órdago separatista prospere.
El referéndum de Crimea -a todas luces ilegal- reverdece, como en su momento la independencia de las repúblicas bálticas de la URSS, la inquietud sobre la suerte de minorías -la ucrania, la tártara- y nos obliga aquí, en España, como también está ocurriendo en Gran Bretaña, a preguntarnos qué pasaría con los millones de catalanes que quieren seguir siéndolo a la vez que españoles. La propuesta de Oriol Junqueras -la doble nacionalidad para quien la quiera- se acomoda mucho más a un deseo unilateral que a una planificación de las consecuencias de su improbable iniciativa en el que tantos, y con tanta ignorancia de sus reales consecuencias, le acompañan.