domingo, diciembre 19, 2010

España votará contra la libertad de acceso a la información?

Ampliamente comentado en estos días, se espera que en poco tiempo más se aprueben restricciones en el acceso a información con derechos de autor en España. Y esto, aparentemente, a hurtadillas.Y como algunas filtraciones han expuesto, a pedido de la industria internacional.
Antonio Delgado, entre otros, dedica un análisis al significado de esta acción. Lo que sigue es su introducción. Vale la pena leer su nota completa.
Toda la presión ejercida sobre España en cuanto a propiedad intelectual y que ha derivado en la ley Sinde (que será aprobada el próximo martes día 21 de diciembre por la puerta de atrás en el Congreso) está basada en una gran mentira elaborada a lo largo de los años con estudios fabricados por la misma industria afectada, datos descontextualizados, falacias, intereses ajenos e incluso leyendas urbanas.
Hasta ahora teníamos retales sueltos de esta falsedad, pero los cables filtrados por Wikileaks, tanto en su web como a través del diario El País, han confirmado nuestras peores sospechas. La realidad estaba tras un reguero de datos e informaciones que son públicos desde hace años. Por ejemplo, el año pasado pude reconstruir los pasos dado por el Gobierno y los grupos de presión para forzar una legislación a favor de sus intereses utilizando las hemerotecas de los periódicos.
Recordemos la situación: en España los enlaces p2p no son delito. En 10 casos ha habido sobreseimientos libres a diversas páginas de enlaces en varias audiencias provinciales. En los únicos casos donde ha habido una sentencia condenatoria ésta ha sido “de conformidad”. Es decir, se ha llegado a un pacto con los denunciantes en el que el acusado se declara culpable y no se juzga el fondo del asunto. La ley Sinde está pensada para para quitarse de en medio a los jueces y sustituirlos por un órgano administrativo. Si la justicia no ha dado la razón a la industria en sus demandas de cierre de páginas de enlaces, la “solución” era saltársela.
Mientras la industria tramaba el plan, los políticos españoles han hecho gala de su histórica ineptitud en temas relacionados con Internet, las nuevas tecnologías, los hábitos de los usuarios, la protección de los derechos fundamentales en el entorno digital, etc. Para ellos (bien por analfabetismo digital, bien por falta de miras o bien por opacidad en sus relaciones con grupos de poder) la ley Sinde ha sido considerada siempre como un tema menor que no merecerá ni siquiera un debate en el Congreso antes de su aprobación. “Internet debe ser regulado”, dicen quienes necesitan a una secretaria para que les filtre y borre sin leer los mensajes de los ciudadanos.

sábado, diciembre 11, 2010

El informe Pisa y Argentina

Se han publicado en estos días los resultados del informe PISA del año 2009, que no deja bien a nadie en Iberoamérica, y particularmente a Argentina. Aceptando los resultados de su muestra, lo que se observa es que, aunque escuchemos decir que el país avanza en educación, los tests de PISA (y seguramente cualquier otro que se estableciera) hablan de una degradación contínua de las capacidades forjadas en nuevas generaciones de estudiantes. Números estancados (o peor, en descenso) describen una separación creciente de la primera línea de educación en el mundo. En un futuro donde impera la tecnología, la interconexión y la información, el estancamiento es retroceso. Algunos de los números son alarmantes, o desesperantes. Por este camino, Argentina marcha hacia un país ignorante y disfuncional. ¿Puede hacerse algo para comenzar a revertir esta desagradable realidad? Como en el caso de las estadísticas del  INDEC, podemos dejar de participar en el informe.
1, Los números globales del informe.
2, la base de datos para analizar lo que desee.
3, el análisis detallado de los datos.

miércoles, diciembre 01, 2010

Bancos, hipotecas y "progresismo"

El ministro de Fomento, José Blanco, interpelado en el Congreso por CIU, se ha manifestado dispuesto "a estudiar" las medidas propuestas por éstos para amortiguar la deuda hipotecaria. No obstante, horas después, su ministerio descartó una de las más importantes: dar por extinguida la deuda hipotecaria con la entrega de la vivienda. Es bien conocida la responsabilidad de bancos, constructoras, inmobiliarias y aún tasadoras, en la espiral de precios que sufrió la vivienda en España; la burbuja a la que llevaron el mercado estalló, y ahora los acreedores se proponen cobrar una deuda incobrable de la que son forjadores. En muchos casos, al menos en todos los que conozco, el remate o entrega del bien extingue la deuda, por la sencilla razón de que el bien fue tasado a un valor, y se debe reconocer ese valor al devolverlo. El acreedor debe hacerse cargo de sus malos negocios, como lo hace un tenedor de títulos de bolsa, que es forzado por el mercado a reconocer sus pérdidas, o conservar un activo devaluado, que igualmente debe reconocer. En el caso de las hipotecas, los acreedores abusan de su posición, pretendiendo desconocer el menoscabo real de su estado contable, disfrazando sus pérdidas de deuda morosa, o activo en cartera. Y, lamentablemente, el gobierno "progresista", sigue colaborando a esta situación, perjudicando sin contemplaciones a una buena parte de su posible electorado.
La noticia en El Economista:
Después de que el ministro de Fomento, José Blanco, haya asegurado en el Congreso que el Gobierno está dispuesto a estudiar nuevas medidas que propone CIU, entre las que destaca la posibilidad de que la entrega de la vivienda compense la deuda hipotecaria. Fomento ha descartado que se vaya a estudiar la posibilidad de que, en caso de ejecuciones hipotecarias por impago, la entrega de la casa salde la deuda.


Blanco se mostró hoy dispuesto, en respuesta a una interpelación del portavoz de Vivienda de CiU, Pere Macías, quien le ha planteado que Fomento recabe la colaboración de las entidades financieras que participen en el Plan de Vivienda y Rehabilitación, a estudiar la propuesta. Horas más tarde, Fomento en declaraciones a Efe descartar dicha posibilidad.


Esta medida fue avalada en una proposición aprobada antes del verano por la Comisión de Vivienda del Congreso, con el voto en contra del PSOE.


Asimismo, la federación catalana pide que se favorezca la contratación de seguros de protección de pagos que permitan ampliar la capacidad de acceso a la vivienda a familias con pocos recursos ahorrados, así como mecanismos de mediación en los procesos de impago.


CiU, que someterá esta propuesta a votación en el Pleno del Congreso del próximo 14 de diciembre, también pide un nuevo sistema de ayudas públicas para la subsidiación de tipos de interés de préstamos hipotecarios, con fórmulas de retorno de las ayudas cuando se modere el sobreendeudamiento familiar, así como la creación de fondos autonómicos para atender impagos en los alquileres.


Al Gobierno no se le puede negar su sensibilidad
Blanco ha advertido de que, a este respecto, las comunidades autónomas "tienen mucho que decir", porque tienen las competencias en esta materia transferidas. "Lo que no se puede hacer es, cada vez que hay un problema, mirar al Gobierno para tratar de imputarle la responsabilidad", ha remarcado el ministro.


"A este Gobierno se le pueden criticar algunas cosas, pero no se le puede negar su sensibilidad con los problemas de las familias", ha remarcado el ministro, quien ha recordado que el Gobierno ya ha aprobado medidas como la de la línea ICO para moratoria hipotecaria y el aumento del umbral de inembargabilidad de las hipotecas.


También recordó otras, como la renta básica de emancipación, reconocida como un derecho subjetivo para los 250.000 jóvenes que beneficia, así como equiparar la deducción fiscal a la compra de vivienda con la del alquiler.


La prioridad es la VPO
El ministro ha señalado que estos problemas derivan de la 'burbuja inmobiliaria' iniciada en 1997 y que provocó un aumento del 127% en los precios de la vivienda, que llevó a muchas familias a sobreendeudarse hasta el 50% de su renta disponible, elevando la tasa global hasta el 47% del PIB.


En este sentido, Blanco ha remarcado que la mejor medida que puede acometer el Gobierno es una "política ambiciosa" de vivienda protegida para el alquiler y compra, apostando por la rehabilitación como forma de crear empleo y "dar salida" a muchos trabajadores procedentes del sector de la construcción. "Cuando uno gobierna, tiene que priorizar", ha incidido.


Además, ha recordado que el 40% del último Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación se destina al alquiler, incorporando colectivos "especialmente vulnerables", como los realojados por chabolismo.


Dice que las ejecuciones son menos
El diputado catalán ha asegurado que el número de desahucios está superando todas las previsiones y en 2009, según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), se contabilizaron un total de 114.000 ejecuciones hipotecarias, el doble que el ejercicio precedente, y para 2010 la previsión apunta a los 118.000 procedimientos.

En el primer trimestre de 2010, las ejecuciones hipotecarias ya alcanzaron un total de 27.561, según los registros de los juzgados de Primera Instancia e Instrucción, lo que revela una "preocupante situación" para muchas familias ante la que el Gobierno "no puede permanecer impasible".


Blanco ha matizado que estas cifras corresponden a procedimientos iniciados y no a ejecuciones efectivas, y ha recordado que la mayoría de estos procesos culminan en acuerdo de las partes, con lo que el número es menor, si bien siguen siendo "cifras importantes y a tener en cuenta".